“Él no puede ir a Tacumbú. No hay precedentes en los anales de la historia de que un exfiscal haya estado preso ahí. El juez y el Ministerio Público son responsables de su seguridad. Él no puede ir a un lugar donde están personas que indefectiblemente con algún dictamen de él pudo haberles afectado en algún momento. Ese cargo es una fábrica de enemigos. En la Agrupación están todos los psiquiátricos, los terroristas del EPP. Yo creo que tendría que buscarse un lugar. No quiero especular, pero Javier Díaz Verón no es un delincuente peligroso para la sociedad paraguaya. Basta y sobra con que, si se diera el caso, estar privado de su libertad, la luz no va a ver”, declaró el abogado Mario Aníbal Elizeche Baudo a la prensa antes de conocer la decisión del juez.
Pero ni dicha argumentación ni la pericia ofrecida que, según la defensa, debilita la imputación y ni siquiera la fianza real sobre una propiedad avaluada en más de G. 3.000 millones para una eventual fianza que permitiera la concesión de medidas alternativas a la prisión, fueron suficientes para evitar que Díaz Verón fuera a prisión.
Tras alegar la existencia de peligro de fuga y de obstrucción a la investigación, el juez penal de garantías Julián López decretó la prisión del exfiscal general a Tacumbú.
Fiscala ratificó pedido de prisión
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La fiscala Carmen Gubetich de Cattoni dictaminó a favor de la prisión, en coincidencia con la postura asumida por su colega María Estefanía González, al momento de imputar.
Conducta renuente, en contra
Otro aspecto considerado por el magistrado es el hecho de que Díaz Verón permaneció con paradero desconocido por diez días, a sabiendas de que la Fiscalía había ordenado su detención el 13 de agosto último y, así, permaneció incluso luego de los allanamientos realizados a su casa y a las empresas vinculadas a su familia.
“Hemos basado nuestro fundamento sobre el peligro de fuga y obstrucción al proceso investigativo teniendo en cuenta que estamos en una etapa incipiente de la investigación, como también le ha afectado en alguna medida el hecho que no se ha sometido inmediatamente a sabiendas de que existía ya una orden de detención en su contra”, explicó el magistrado.
“Hemos también mencionado que, si bien han presentado una caución real y también personal, no constituye elemento suficiente ni valedero debido a que existe una alta expectativa de pena, lo cual genera una clara sospecha de peligro de fuga y de obstrucción del proceso”, argumentó el juez Julián López.
Bienes exceden a sus ingresos
La fiscala María Estefanía González pone en tela de juicio el origen de los ingresos el matrimonio conformado por el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, la abogada María Selva Morínigo. A continuación, algunas de las precisiones detalladas en la imputación:
“Se ha visto que el señor Javier Díaz Verón, durante los años 2014, 2015 y 2016, ha arrojado un saldo negativo por valor total de G. 1.147.058.591, cuyo monto representaría sus ingresos que no provendrían de sus fuentes legítimas. Con este resultado negativo que arrastra el señor Javier Díaz Verón desde el año 2014 en su patrimonio, hace suponer que sus gastos y diferencias obtenidas a su favor en el año 2017, no serían reales, pues, conforme a las pruebas obtenidas, nos permiten sostener, de manera objetiva, que el señor Javier Díaz Verón habría tenido un incremento en su patrimonio que sobrepasarían sus ingresos legales”.
“Con la información obtenida se tiene que el señor Javier Díaz Verón, durante el tiempo que estuvo en la función pública y su esposa María Selva Morínigo, habrían destinado sumas de dinero en concepto de gastos por valores que superarían sus ingresos legales y con lo cual hacen suponer de manera razonable que esos valores no provendrían de fuentes conocidas. Este monto que no se encontraría justificado ascendería a un valor de G. 2.138.642.856, suma ésta que presentaría un incremento en el patrimonio de los señores Javier Díaz Verón y de su esposa María Selva Morínigo que sobrepasarían sus ingresos legales”.
“La señora María Selva Morínigo de Díaz, durante el periodo 2013 al 2017, siendo funcionario público su esposo Javier Díaz Verón, ha depositado en el sistema financiero, a través de sus cuentas bancarias, sumas en efectivo que superarían los ingreso legales y conocidos de ambos, por un valor total de G. 1.624.674.188”.
Millonarios aportes a empresas
Según la imputación, el exfiscal general Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo destinaron sumas millonarias a distintas firmas, algunas de ellas en común con sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz.
La presentación relata los ingresos y egresos del exfiscal general y de su esposa año tras año tras su ingreso a la función pública (Morínigo fue funcionaria del Fondo Ganadero) y detallan las discrepancias observadas.
“En las investigaciones realizadas por la Fiscalía se puede ver que el señor Francisco Javier Díaz Verón durante los años 2014, 2015 y 2016 arrojó un saldo negativo de un total de G. 1.147.058.591, cuyo monto representaría ingresos no provenientes de fuentes legítimas”, señala una presentación de la Fiscalía.
La imputación precisa que María Selva Morínigo, a más de haber destinado sumas de dinero en conceptos de gastos que superarían sus ingresos legales, también constituyó cuatro empresas, a las que aportó un total de G. 2.260.000.000. La imputación refiere que dichos aportes se realizaron de acuerdo al siguiente detalle: Lagunita SA G. 600.000.000 (2009); Canto Rodado SA, G. 1.500.000.000 (2013); Salty River SA, G. 500.000.000 (2013) y Yerutí Comunicaciones SRL, G. 260.00.000 (2014).
Afirma que demostrará correspondencia
Por su parte, el defensor del matrimonio, el abogado Mario Aníbal Elizeche Baudo, presentó en ambos juzgados los resultados de una pericia que, afirma, avala la correspondencia entre los ingresos y egresos de su defendidos entre los años 2008 y 2017 y, por ende, desmorona la imputación fiscal.
Afirmó que sus representados sufren una persecución y aunque no pudo precisar el origen de la supuesta vendetta; afirmó que hay una mano oscura detrás de todo. Aseguró que cuenta con la documentación para desmeritar los fundamentos de la imputación fiscal y que demostrará la inocencia de sus defendidos.
Tribunal resuelve apelación
María Selva Morínigo espera en el correccional de mujeres Casa del Buen Pastor la resolución de el Tribunal de Apelación, 1ª sala, respecto a la apelación presentada contra la resolución que decretó su prisión, el martes último. Es en el proceso que afronta por lavado de dinero.
El juez penal de garantías José Agustín Delmás argumentó que no desconoce el marco penal del tipo imputado por la Fiscalía, pero que basó su decisión en la posibilidad de obstrucción a la investigación y el peligro de fuga. El magistrado explicó que la defensa no ofreció caución real ni certificado de vida y residencia y destacó el hecho de que Morínigo estuvo ocho días con paradero desconocido, a sabiendas de la detención decretada por la Fiscalía.
Con relación a la pericia ofrecida por la defensa, agregó que en la audiencia de medidas no se evalúan los elementos de descargo.
La fiscala María Estefanía González solicitó prisión para Morínigo, pero como estaba recusada, en la audiencia la reemplazó la fiscala Carmen Gubetich, quien se allanó al pedido de la defensa de arresto domiciliario. En declaraciones a la prensa, indicó que su postura obedeció a razones humanitarias, debido a que la procesada tiene una hija con el síndrome del cri du chat.
Posteriormente, solicitó a la Cámara que ratifique la decisión del juez, y luego, en el mismo día, presentó otro escrito recomendando que le conceda el arresto domiciliario, tras alegar que el dictamen anterior obedeció a un “error involuntario” de un funcionario.
“Es un decisión realmente sorprendente, desde el momento en que la propia fiscala interviniente se allanó a la prisión domiciliaria. Entonces, estamos ante una situación de injusticia de la justicia. Realmente, es curioso también que un juzgador tome una decisión tan drástica”, indicó Elizeche, quien lamentó que el juez no considerara la pericia ni la historia clínica de la hija del matrimonio Díaz Morínigo.
Salty River SA, ¿firma fantasma?
De acuerdo con la imputación, la firma Salty River , que según escritura pública fue constituida el 14 de diciembre del 2013 y estaría ubicada en el km 26,5, rincón El Peñón de la ciudad de Limpio, no existiría. Según la escritura pública, la citada firma fue constituida con un aporte de G. 500.000.000 de Hawker International y otros tres aportes por igual valor de María Selva Morínigo de Díaz, de la firma Dos Beta SA y de YLF SA.
“Sin embargo, en oportunidad de realizarse el allanamiento a dicho lugar, en fecha 8 de enero de 2018, se observó que la propiedad de la firma Salty River SA se encuentra en estado natural, sin limpieza, sin edificaciones, sin loteamientos”, refiere la imputación de María E. González.
La fiscala precisa que las documentaciones obtenidas dan cuenta de que Salty River SA contaba con un “balance general”, lo cual hace suponer que supuestamente tenía movimientos.
“A pesar de que la firma Salty River SA físicamente no existiría, pues básicamente en donde debería operar se habría encontrado un baldío, no obstante, la sociedad es propietaria de los siguientes inmuebles:
1) Un inmueble adquirido el 27 de setiembre de 2016; de Héctor Rubén Recalde y de Laura Petrona Gómez de Recalde, cuya propiedad tiene una extensión de 6 hectáreas, ubicada en la ciudad de Limpio por valor de G. 162.000.000. 2) Un inmueble, adquirido el 11 de junio de 2014, de los señores Benigno Giménez Díaz, Victoria Giménez Díaz, Dionisia Giménez Díaz, Delicia Giménez Díaz, Florencia Giménez Díaz, Vidalia Giménez Díaz, Bernardo Giménez Díaz y Julia Sánchez, cuya propiedad tiene una extensión de 20 hectáreas ubicada en Limpio, por valor de G. 540.000.000. 3) Un inmueble adquirido el 22 de noviembre de 2016, de Héctor Rubén Recalde Insfrán, cuya propiedad tiene una extensión de 20 hectáreas por valor de G. 55.000.000, ubicada en la ciudad de Limpio. Todas estas informaciones denotarían que las empresas constituidas por la Sra. María Selva Morínigo serían firmas que no operarían en la realidad”, refiere la imputación.
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