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La fiscala de la Unidad Especializada en lucha contra trata de personas, Teresa Martínez, solicitó el lunes 12 de febrero la captura del dirigente Antonio Rufino González Valiente (47), como medida preventiva dentro de las investigaciones.
El mismo fue imputado bajo las figuras de trata de personas con fines de explotación laboral y trata de personas con fines de explotación sexual. Asimismo, la representante del Ministerio Público no descarta ampliar la acción contra González Valiente tras analizar las evidencias incautadas del club.
El dirigente fue citado para su declaración indagatoria el viernes pasado, sin embargo su abogado Omar Mazzacotte solo se presentó para pedir una copia de la carpeta fiscal.
El abogado señaló que González no está prófugo, puesto que sí se presentará pero a su audiencia de imposición de medidas (art. 242 del Código Procesal Penal) que -según dijo- ya había sido fijada previamente para el 23 de febrero en el Juzgado Penal de la ciudad de Luque, donde está su caso.
La imputación y el pedido de detención contra el dirigente luqueño se dieron luego de que se viralizaran, a través de redes sociales, una fotografía íntima de González Valiente con el jugador Bernardino Gabriel Caballero (25), y unos videos en los cuales amenaza al mismo con arruinarle su carrera futbolística.
Al respecto, la fiscala Teresa Martínez manifestó “ante la situación de que él mismo empezó a amenazar a gente que puede ser denunciante, nos vimos obligados a imputar inmediatamente a los efectos de evitar que siga obstruyendo la investigación”.
“Solo un problema de pareja”
El abogado Omar Mazzacotte señaló que su cliente solo tiene un “problema de pareja” con el futbolista y también negó las acusaciones hechas por la Fiscalía sobre la trata de personas.
Mazzacotte añadió que fue el atleta quien intentó chantajear al dirigente y no al revés.
Sin embargo “él mismo (Antonio González) con los videos que hizo, claramente probó la coacción a la que sometió a la persona”, dijo la fiscal Teresa Martínez, por su parte.
“Tenemos varias evidencias que nos indican una sospecha clara de trata y creemos que vamos a poder sostener en una acusación con las pericias que se hagan posteriormente a las evidencias que hemos conseguido”, agregó la fiscala.
Alta pena por la trata de personas
El crimen de trata de personas por el que es investigado González Valiente está castigado bajo las prescripciones de la Ley N° 4.788/12 “Integral contra la trata de personas”. En este sentido la fiscala Martínez declaró “mediante ella ya se puede penalizar la trata interna, porque anteriormente solo se podía penalizar la trata internacional”.
La agente fiscal definió la trata como “el proceso de captación, traslado y acogida de personas con fines de explotación”, descripción establecida en el artículo 5° de la misma ley.
Además, en el artículo 4° de la norma se diferencian variantes de la trata, entre las cuales se describe la que tiene fines sexuales para obtener “beneficios económicos o de otro tipo mediante la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos los actos pornográficos o la producción de material pornográfico” y la laboral, beneficio que se da como “aquel obtenido bajo amenaza de una sanción y para los que el prestador del trabajo o servicio no se ha ofrecido voluntariamente”.
Así “en estos casos podemos decir que ellos traen chicos de otros lugares para ficharlos a sus clubes y someterlos a este tipo de explotación, más aún esta figura es muy típica cuando las personas viven en el lugar donde están siendo explotados”, declaró la fiscala Teresa Martínez.
Esa misma ley declara en su artículo 6° referente a las circunstancias agravantes expresa que en caso de que se constate los casos de captación y explotación, el sujeto recibirá una pena de dos a quince años de cárcel principalmente si “la víctima directa tuviere entre catorce y diecisiete años de edad inclusive” o si “el autor hubiere recurrido a la amenaza o al uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o a la concesión de pagos o beneficios a una persona que tenga autoridad sobre la víctima directa”, de acuerdo con los incisos 1 y 2, respectivamente.
01. En el año 2005
El entrenador de fútbol Milciades Cañiza Recalde y su pareja, el jardinero Miguel Ángel Benítez López, fueron detenidos en una intervención realizada en el barrio San Isidro de San Lorenzo, sospechados de abuso sexual a varios niños.
02. En el año 2013
El entrenador de escuela de fútbol de General Díaz, Alejandro Garay (San Lorenzo), fue denunciado por abuso sexual sufrido por un niño de 13 años, alumno de la referida escuela. En un juicio oral y público fue condenado a 7 años de cárcel.
03. En el año 2013
Julián Jacquet Rivarola, tesorero de la Agremiación de Escuelas de Fútbol del Paraguay (Agrefut) y vicepresidente de la Asociación de Escuelas de Fútbol del Paraguay, fue detenido en Jataí, Goiás, Brasil, por intentar abusar de un niño de 11 años.
Existen evidencias de trata y suman víctimas
Una comitiva fiscal-policial se constituyó en las instalaciones del club en cuestión, donde realizaron un allanamiento. En el operativo constataron que en un sector había una secretaría bastante precaria, y un dormitorio que supuestamente era el de González Valiente, donde se encontraba un maletín con varios documentos, entre ellos contrapases de los jugadores.
Con esas evidencias se constató la modalidad de trata, consistente en la compra y venta de personas, “una modalidad muy típica de trata, porque las personas no pueden ser vendidas, los servicios pueden ser prestados”, señaló la fiscal Teresa Martínez.
Igualmente se halló materiales pornográficos y un televisor plasma, en el lugar donde comen los chicos. Dichos materiales estaban en cedés, que serán sometidos a pericia para verificar si hay jugadores involucrados e incluso menores de edad.
Más denunciantes
La primera denuncia que fue radicada ante el Ministerio Público fue la del jugador Bernardo Gabriel Caballero, quien aparece en la fotografía íntima con González Valiente y que fue difundida por el propio dirigente en redes sociales.
La segunda fue la de un exjugador de la institución luqueña, Fermín Morínigo (19), quien se presentó ante la Unidad fiscal de Teresa Martínez para denunciar que, cuando él tenía 16 años, el dirigente intentó obligarlo a mantener relaciones sexuales por lo que decidió escapar. A consecuencia de su decisión, González, desde su propio número de celular, le escribía y llamaba para amenazarlo de que si hablaba le pasaría algo a él o a su familia.
En ese sentido, el defensor de los dos denunciantes, abogado Reinaldo Acosta, manifestó que Morínigo denuncia a González por violencia, debido a que al negarse a hacer lo que le decía le propinó golpes de puño y palma; además coacción y acoso sexual.
Luego de ello, tres personas más, posibles víctimas, se comunicaron con el Ministerio Público para averiguar cómo denunciar y las condiciones de seguridad para hacerlo, debido a que tienen temor de que pueda recaer algún tipo de represalia contra sus personas, pues recibieron amenazas del propio dirigente.
Medida de la UFI incrementa el miedo
La agente fiscal Teresa Martínez informó también que las virtuales víctimas tienen mucho miedo de recibir sanciones disciplinarias por parte de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), que inhabilitó al jugador Bernardo Gabriel Caballero tras el escándalo de la viralización de videos y fotografías que sacaron al tapete los abusos que se cometerían en los clubes de fútbol, donde la promoción o no de jugadores está a expensas de acceder a favores sexuales.
Por su parte, la Unión de Fútbol del Interior, que también excluyó al club Rubio Ñu de Luque de participar en cualquier competición deportiva, intentó explicar la sanción a Caballero.
En ese sentido su presidente, Enrique Benítez, manifestó que no se trataba de una sanción sino más bien de una “medida de protección” para el jugador y que solo sería por uno o dos días, hasta que el mismo comparezca en la UFI.
Esta “protección”, sin embargo, beneficia hasta el momento al dirigente imputado Antonio González porque ninguna víctima se anima a denunciarlo ante el Ministerio Público.
Al respecto dijo Martínez, que las posibles víctimas llaman a averiguar, pero nada más.