En la resolución dictada por el juez penal de garantías Gustavo Amarilla, se detallan los desembolsos realizados a nombre de la ayuda estatal a los agricultores. Sin embargo, al parecer en su mayoría son operaciones de fachada pues de acuerdo con la acusación fiscal, el dinero no llegó a los productores.
En este sentido, la investigación realizada por el fiscal Aldo Cantero presenta el seguimiento realizado a cada operación, el cual permitió detectar una serie de irregularidades que dejaron al descubierto el verdadero destino del dinero. A modo de ilustrar el modus operandi utilizado, citaremos algunos de los numerosos casos presentados.
Uno de los casos presentados es el que involucra al ingeniero Luis Eduardo López Rojas, consultor contratado el 6 de diciembre del 2012, para la elaboración de 89 proyectos. El profesional, cuyos honorarios figuran por la friolera de G. 3.173.855.000, declaró que en realidad sólo percibió G. 280 millones por la elaboración de 130 proyectos. López aclaró que presentó un presupuesto de G. 400 millones, que a pedido de Riveros redujo a G. 300 millones y finalmente a G. 280 millones.
En su declaración, López dijo lo siguiente: “Sobre los honorarios recibidos por la elaboración de los proyectos. Por los más de 130 proyectos elaborados he recibido la suma de G. 280.000.000 cobrados en efectivo. En este proceso no he recibido ni endosado ningún cheque de la Fenaprofhp. Un talonario de mi factura en blanco he dejado en la oficina de Fenaprofhp a pedido de Silvio Riveros, con el argumento de que iban a esclarecer primero el concepto con el cual se realizaría el llenado de la misma conforme a lo requerido por la Contraloría. Al percatarme del monto exorbitante facturado, Silvio Riveros se comprometió a abonarme la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo facturado una vez que el convenio se haya terminado de ejecutar. Pasaron los meses y hasta la fecha no he recibido ni un solo guaraní”.
La distribución de insumos a los miembros de los comités tampoco estuvo exenta de irregularidades, como se desprende del relato de los numerosos “beneficiarios”. A modo de ejemplo, el caso del Comité de Nueva Italia:
“Según los elementos de cargo, Alcira Arzamendia, miembro del Comité Santa Lucía, calle Sexta, vinculada a Silvio Riveros, quien incluso recibió la suma de G. 12.000.000 de Silvio Riveros, conforme a los cheques Nro. 11712974, 12569042 y 1256943 cargo Banco Sudameris (fs. 60 del tomo 43 de la carpeta fiscal), invocando un vínculo con este y recibiendo ella efectivamente implementos agrícolas traídos por disposición de Silvio Riveros a la zona, según lo manifestado por los pobladores, bajo la amenaza de no entregarlos, obligó a los miembros de los comités de Nueva Italia a pagarle la suma de G. 100.000 cada uno, en concepto de flete, de lo contrario no se les entregaba los insumos.
Según los testimonios de los miembros de los comités, quien se negaba al pago era expulsado del comité por la Sra. Alcira Arzamendia y se le vedaba el acceso a la posibilidad de recibir insumos.
Ante esta amenaza, cada uno de los miembros abonó la suma y con ello logró retirar una parte de los insumos prometidos, por lo que solicitaron la expedición de recibos pero la misma siempre se negó”.
Falsificación de documentos
La acusación revela que también se recurrió a la falsificación de documentos para justificar los desembolsos realizados a nombre de los productores frutihortícolas. Este es el caso de las facturas de los supuestos pagos realizados a la empresa JM Auditores y Consultores Asociados, representado por su propietaria Francisca Graciela Mereles Zorrilla.
“Según lo manifestado por la Sra. Francisca Graciela Mereles Zorrilla, ella nunca prestó servicios a la Fenaprofhp ni al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Al momento de exhibirle el contrato dijo que la firma no le corresponde ni se asemeja a la suya, así mismo aclaró que su nombre es Francisca Graciela Mereles Zorrilla y no Francisca Graciela Zorrilla Mereles como se consignó en el contrato.
También se le exhibió las facturas y recibos de JM Auditores y Consultores Asociados presentados por la Fenaprofhp y la señora manifestó que las letras con que fueron completados no le pertenecen a ella ni a su socio, así como tampoco la firma de los recibos”.
Suspensión, juicio oral y preliminar
El juez Gustavo Amarilla otorgó suspensión condicional del procedimiento a varios acusados, entre ellos la esposa del dirigente de la Fenaprofhp Silvio Riveros, Elva Tomasa Centurión de Riveros.
La mujer debe depositar en una cuenta del Tesoro Público, abierta en el Banco Nacional de Fomento a nombre del Ministerio de Hacienda, 9 cuotas mensuales de G. 20.000.000 y las 3 últimas cuotas de G. 40.000.000, hasta totalizar la suma de G. 300 millones.
Otro acusado que deberá devolver dinero al Estado es Eligio Centurión, quien debe depositar G. 3.000.000 por mes en la misma cuenta citada anteriormente, hasta totalizar G. 72 millones.
A su vez, los acusados Cecilia Concepción López Romero, Javier Luna Pastore, Gustavo Adolfo Amarilla Fariña, Mario Arnaldo Riveros, Marcial Benítez, Rigoberto Rodríguez, deberán realizar donaciones por montos que varían de 10 a 30 millones de guaraníes, a distintas entidades como el hogar Pequeño Cottolengo Don Orione, Fundación Asoleu, Hogar de Niños Carlos Santiviago, Hogar de Ancianos Nuestra Señora de la Asunción y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ypané.
A su vez, Silvio César Riveros, Lidio Esteban Irala, Ignacio Acuña Luis Guillermo Piccardo y Ricardo Arias Arca, afrontarán juicio oral y público por esta lesión de confianza, reducción, lavado de dinero y producción de documentos no auténticos.
Ahora, solo queda pendiente definir la situación de los exministros de Agricultura Enzo Cardozo (actual senador liberal) y Rody Godoy, así como la exdirectora de Administración y Finanzas de la referida cartera de Estado, Maristela Azuaga y los funcionarios del ente María Lourdes Meza Vielma, Marcela Fleitas y Alberto Riquelme, cuyo defensor, José Domingo Almada, presentó recursos de casación y acción de inconstitucionalidad que dilatan la preliminar.
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