El Presupuesto 2015 del Poder Judicial sufrió un incremento, por el impacto financiero de la Ampliación Presupuestaria, aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Poder Ejecutivo (Ley Nº 5228/2014), que permite la consolidación del aumento de las asignaciones, en concepto de Ayuda Escolar, por Antigüedad y Grado Académico y Bonificaciones por Responsabilidad en el cargo, que ya fueron percibidos a partir del segundo semestre del año 2014, según la justificación hecha por la Dirección General de Administración y Finanzas.
Los recursos necesarios para la implementación de la modalidad de seguro médico contratado a través de empresas, entidades privadas y corporaciones, dispuesto por Resolución Nº 5197 de fecha 12 de agosto de 2014 de la Corte, es otro de los rubros importantes del presupuesto de este año y que trepa a los G. 30.000 millones.
La creación de nuevas categorías a los efectos de la adecuación de los montos del Objeto del Gasto 111-Sueldos, con la adición al mismo de los montos autorizados en concepto de Bonificación por Responsabilidad, conforme lo autorizado por Resolución del Consejo de Superintendencia y la Corte Suprema de Justicia, es otro de los montos abultados dentro del presupuesto y que supera los G. 40.000 millones, según los datos.
La referida adecuación afecta a los Cargos Jurisdiccionales a nivel de Conducción Superior Jurisdiccional y Ejecutivo Superior Jurisdiccional y a cargos Administrativos de Niveles Jerárquicos de Dirección Superior, Mandos Medios Jurisdiccionales, Ejecutivo Superior y Mando Medio Administrativo, y del Área Registral y Administrativa, respectivamente.
El Presupuesto de Gastos, aprobado por Ley Nº 5386/2015 para la Institución, asciende a G. 1.276.935.531.146, siendo su financiamiento el 68% con FF10 (Recursos del Tesoro), 1% FF 20 y 31% con FF30-Recursos Institucionales.
Este último supera las expectativas previstas en materia de recaudaciones 2015, de acuerdo al Informe del Departamento de Ingresos Judiciales.
A efectos de una planificación lo más equilibrada posible, en relación con la estimación de los ingresos, fue necesario realizar una racionalización de los gastos, como primera medida a ser considerada para el primer semestre, que contempla primordialmente los recursos necesarios para cumplir las obligaciones emanadas de los contratos plurianuales de provisión de bienes y servicios de los programas, subprogramas y proyectos de la Corte Suprema de Justicia, que demandan un gasto mínimo que no puede sufrir reducciones que derivarían en la falta de provisión de necesidades básicas para el funcionamiento mínimo de la institución, principalmente la provisión de agua potable, servicio de telecomunicaciones, servicio de energía eléctrica y alquileres de locales para Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz.
De igual forma, los requerimientos mínimos de materiales y suministros, principalmente el cuadro básico de materiales de oficina y materiales de limpieza y aseo, en la Administración Central y las 14 (catorce) Circunscripciones Descentralizadas.
Construcciones
Las limitaciones presupuestarias, según las autoridades administrativas, también afectarán al programa de construcción y equipamientos de nuevos locales judiciales, tanto en el interior de la república como en la capital.
Existen varias obras encaradas por el Poder Judicial, algunas de ellas culminadas y otras en etapa de finalización para el Ejercicio Fiscal 2015, como la Ampliación Palacio de Justicia de Encarnación, Juzgados de 1ª Instancia de Luque, Ampliación Palacio de Justicia de Paraguarí, Palacio de Justicia de San Pedro del Ycuamandyyú, Juzgados de 1ª Instancia de Horqueta, Juzgados de 1ª Instancia de Caaguazú y Ampliación Palacio de Justicia de Caacupé, los cuales constituyen compromisos que deben ser cumplidos, señala la justificación del presupuesto general de gastos del Poder Judicial.
Igualmente se encuentran en proceso de llamado la Construcción del Palacio de Justicia de Saltos del Guairá y Ciudad del Este, así como la Ampliación del Palacio de Justicia de Villarrica y Caazapá, respectivamente.
Cantidad de funcionarios
La Corte Suprema de Justicia actualmente cuenta con 10.793 cargos presupuestados y aproximadamente 2.447 personal contratado.
En el área jurisdiccional la cantidad de magistrados asciende a 202 miembros de Tribunal de Apelación, 532 jueces de Primera Instancia y 308 jueces de Paz, más los cargos de apoyo a los despachos judiciales, como ser actuarios judiciales, ujieres notificadores, dactilógrafos y oficiales de secretarías.
Presupuesto 2014
El presupuesto total del Poder Judicial del 2014 fue de G. 1.121.650.398.955, de los cuales un poco más de G. 821.000 millones (73%) se destinaron al pago de los servicios personales, en su mayoría a pago de sueldo de los funcionarios y administradores de justicia.
Otro de los rubros importantes fue el de la inversión física, para lo cual se dispuso de un poco de más de G. 153.000 millones. Este rubro es lo que tuvo una disminución importante para el ejercicio 2015, según los documentos.
Se incrementó en más del 100%
El presupuesto del Poder Judicial tuvo un crecimiento importante en los últimos años. De 497.000 millones que se le asignó en el 2009, la cifra se elevó a 1 billón 25.000 millones de guaraníes en el 2014. Es decir, que hubo un incremento del 106% hasta el año pasado. Este porcentaje se incrementó, atendiendo que en el 2015 el presupuesto de la justicia creció un 14% más y saltó a G. 1 billón 276 mil millones, o sea, más de G. 155.000 millones que el año pasado.
Cada año el presupuesto del Poder Judicial va creciendo, pero pese a ello no se combaten la mora ni el deficiente servicio al usuario.
La Corte Suprema
La responsabilidad es de los ministros de la Corte Suprema, quienes tienen la obligación legal y constitucional de que todos los ciudadanos que viven en el país, sean paraguayos o extranjeros, tengan justicia cuando acuden al Poder Judicial.
No hay justificativo para una administración deficiente, ya que los números demuestran cómo fue aumentando el presupuesto de la justicia.
Solo se solucionan el 50% de casos
Los datos estadísticos revelan que el Poder Judicial resuelve solo el 50 por ciento (algunos años menos) de las causas que ingresan al sistema. En el 2012 se metieron 246.000 casos en la administración de justicia. Sin embargo, ese mismo año los jueces solo dictaron 113.664 sentencias definitivas, que es la única forma de poner fin a los conflictos suscitados.
La falta de solución de los casos no se compadece con el aumento de más del 106 por ciento del presupuesto que tuvo el Poder Judicial en los últimos años. El incremento del presupuesto hasta ahora solo sirve para llenar el Poder Judicial de funcionarios, entre permanentes y contratados.
Otro dato relevante es que la administración de justicia tiene menos de la mitad de computadoras (5.450) que el total de funcionarios. Esta situación favorece a la morosidad, teniendo en cuenta que el principal elemento de trabajo en la justicia son computadoras e impresoras. Estas últimas, según los datos, llegan a 4.171.
La responsabilidad de que la justicia mejore la tienen todos los ministros de la Corte Suprema, quienes están obligados a combatir la morosidad en los procesos para optimizar el servicio a los ciudadanos.
Estos datos corresponden al Centro de Estudios Judiciales, que había analizado los anteriores presupuestos de la justicia.
Más magistrados y menos litigiosidad
Para justificar la mora en la administración de justicia, las autoridades afirman que en nuestro país faltan más jueces. Es decir, que el número de magistrados es insuficiente para la cantidad de conflictos ingresados al sistema judicial.
Los datos que se manejan a nivel internacional revelan que Paraguay es uno de los países con mayor cantidad de jueces. Tiene 15 por cada 100.000 habitantes.
Por ejemplo, Chile, que tiene el mismo sistema judicial que el nuestro y una mayor litigiosidad, cuenta con un promedio de 7 magistrados por cada 100.000 habitantes. El que tiene el promedio más bajo en la región es Guatemala, que es de 5 jueces por cada cien mil habitantes.
Paraguay es uno de los países con más baja litigiosidad en la región; presenta 3.695 casos por cada 100.000. En cambio, Chile tiene 17.000 y Uruguay 6.010 por cada cien mil, según los datos del Centro de Estudios Judiciales.
Con base en estos datos se debería asignar el presupuesto a la administración de justicia, para que el dinero público pueda tener un buen uso. De lo contrario, la plata de la gente se seguirá repartiendo mediante el nombramiento de los recomendados de los políticos. Este año, el Poder Judicial tiene asignado el 74% de su presupuesto para el pago de sueldos. El año pasado fue del 73 por ciento.
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