La permanencia con éxito de la organización criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en aquella región del país se debe a la falta de voluntad o directamente la complicidad del Estado o de algunas autoridades del Estado.
Por ley, en el 2013, el presidente Horacio Cartes logró la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), integrada por militares, policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con un presupuesto mensual de un millón de dólares con la intención de combatir y terminar con los miembros de la estructura criminal.
Sin embargo, y para vergüenza de las Fuerzas Armadas de la Nación, desde ese momento se incrementaron las actividades del EPP, aumentaron los secuestros y la cantidad de los ataques, que terminaron con la muerte de civiles, militares y policías. Es más, los delincuentes llegaron a asestar sendos atentados con explosivos. Pese a toda la cantidad de efectivos y elementos enviados a la zona no se logró capturar a uno solo de los miembros del primer anillo de la organización criminal compuesta por Osvaldo Daniel Villalba Ayala, de 35 años, Manuel Cristaldo Mieres, de 36, Liliana Elizabeth Villalba Ayala, de 37, Magna María Meza Martínez, de 36, Alejandro Ramos Morel, de 45, entre otros.
Ante la inoperancia de los organismos de seguridad, estos criminales han secuestrado colonos menonitas, extorsionan a los hacendados de la zona y, con el dinero obtenido de estos golpes, compran la lealtad de los lugareños. Y ahora, para congraciarse con la clase considerada como la desposeída por el ingreso de los terratenientes brasileños en la región, quienes imponen sus propias leyes y normas en estas localidades, filmaron el fusilamiento de uno de estos extranjeros y obligaron al gobierno de Mario Abdo Benítez a divulgar el material a través de los medios de prensa.
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Banda de secuestradores desbaratada en Alto Paraná
Hablamos de falta de voluntad o complicidad en esta lucha, porque tenemos el ejemplo de cómo una banda de secuestradores compuesta al menos por 80 criminales, tanto brasileños como paraguayos que operaron en el Alto Paraná desde el 2003 hasta el 2008 fue completamente desbaratada.
Esta estructura criminal estaba comandada por el brasileño Valdecir Pinhero Dos Santos, cuya base era Ciudad del Este y tenía ramificaciones en el Brasil y la Argentina.
Estos delincuentes tomaban rehenes en el Brasil y los pasaban al Paraguay para “guardarlos” en aguantaderos mientras duraban las negociaciones. De acuerdo con los investigadores, inclusive estos maleantes contaban con la protección de policías paraguayos corruptos que les servían de campanas.
Entre las víctimas de esta estructura criminal figuran el tabacalero César Cabral, un diplomático japonés de nombre Hirokazu Ota, y su secretaria, la también nipona Sawako Takayama, el oficial de policía Rafael Ramos Balmori y su novia, la docente Nancy Olegaria Giménez.
En cinco años de investigación que fue encabezada en aquella época por el comisario general Antonio Gamarra, retirado actualmente, se logró abatir a 30 de los secuestradores, incluyendo al líder Valdecir Pinhero Dos Santos, 50 de los criminales fueron capturados con vida y actualmente están recluidos en la cárcel, solo cinco malvivientes identificados como miembros de esta banda de secuestradores lograron escapar y permanecen prófugos. Mientras la fuerza de seguridad solo sufrió una baja, la del oficial Rodolfo Adrián Colmán.
Teniendo en cuenta esto decimos que si se tiene voluntad se puede acabar con el EPP, que actualmente se ha reducido a una simple organización criminal, sin ninguna ideología más que la de recaudar dinero y asegurar su sobrevivencia en una reducida región ubicada entre los departamento de San Pedro y Concepción.
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