La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía históricamente siempre fue utilizada por el gobierno que accede al poder. Primeramente acontece el “negociado” de impunidad del antecesor en el Poder Ejecutivo. Esto se percibe ya en los primeros meses ante la falta de impulso de las denuncias contra la mala administración del dinero.
Luego, la unidad es utilizada para cubrir negociados, dar salidas a sospechosas licitaciones públicas y articular procesos contra adversarios políticos. Esto último se advierte con la utilización de imputaciones de acuerdo al momento. No son pocas las denuncias que llegan a imputaciones dos años después, dependiendo de los intereses del poder de turno.
El nuevo presidente de la República debería tener el desafío de terminar con el sistema que impide que los casos de corrupción sean perseguidos con eficacia y que el discurso de que no existe presión hacia los fiscales, deje de ser utopía y se transforme en realidad. De lo contrario, será uno más que hace la vista gorda a la corrupción e inclusive se beneficia con ella.
Al contrario de la elocución y promesa de apoyo a los investigadores, la Unidad Anticorrupción sigue dando abiertas muestras de persecución a fiscales que tuvieron la “osadía” de molestar a políticos corruptos.
El último ejemplo sucedió hace tres semanas, con el traslado de la fiscala Josefina Aghemo de la Unidad de Delitos Económicos a la de Delitos Informáticos, como vendetta por haber imputado a Miguel Ángel Carballo, conocido como el “mecánico de oro” y presunto testaferro del senador colorado Víctor Bogado (acusado por estafa en el caso “niñera de oro”).
La fiscala general Sandra Quiñónez le llamó un traslado más y puso en el lugar de Aghemo a Nelson Ruiz, pero la verdad es que desde el momento en que la agente imputó al prestanombre por enriquecimiento ilícito en la función pública por su fortuna que no puede justificar, ya se esperaba el “pase de factura”.
Aghemo no solo tuvo el atrevimiento de pedir la prisión preventiva de Carballo sino solicitó trabar embargo de todos los bienes millonarios que no podría justificar: un departamento valuado en G. 450 millones, vehículos por US$ 40.000, activos de la empresa Rocket SA (que compró un shopping por G. 1.900 millones), que no serían siquiera del procesado pero aparecen a su nombre.
El traslado que no fue
Otra muestra de que actualmente persiste el sometimiento a intereses particulares fue el cuento del traslado de la exdirectora de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Patricia Doria. En el fondo, la misma “pecó” al dictaminar que correspondía la investigación de los bienes de su entonces jefe, el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón.
En este caso ni siquiera se cuidaron las apariencias debido a que a Doria se le intentó trasladar a otra dirección luego de un mes de dictaminar. La denuncia fue presentada en octubre del año pasado y el 29 de diciembre de 2017, dictaminó a favor de la investigación penal.
El entonces fiscal general interino Alejo Vera intentó maquillar la vendetta contra la abogada. En un comunicado de prensa señaló que la entonces directora de UDEA pidió un permiso particular sin goce de sueldo. Asimismo, indicó que la ministra Karina Gómez, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabisco), solicitó que se le dé curso al permiso. Pero esto no fue así porque Doria decidió aceptar el puesto en Senabisco luego de que se le intente trasladar. Actualmente la dirección de la Unidad está a cargo de Miguel Ángel Ruiz Centurión, quien era relator fiscal.
Pases de “facturas” por osar incomodar
Carlos Arregui
El exfiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, actual concejal y candidato a Diputado, fue trasladado de Unidad en marzo de 2014 por el entonces fiscal general Javier Díaz Verón, que nombró en su reemplazo a su primo Federico Espinoza. Fue una clara vendetta por las imputaciones a los senadores Enzo Cardozo y Víctor Bogado; al diputado José María Ibáñez (colorado) y a su esposa, e inclusive porque se tomaba el “atrevimiento” de abrir proceso al diputado liberal Édgar Acosta, entre otros. En un manifiesto, nueve de los once agentes anticorrupción pidieron que se revea el cambio, pero fue sin éxito. Finalmente Arregui renunció al cargo.
Ricardo Preda
El exdirector de Delitos Económicos tuvo el claro mensaje de que no podía aspirar a ningún cargo dentro del Ministerio Público porque dictaminó a favor de que se investigue al senador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna por las supuestas maniobras fraudulentas contra el patrimonio del Banco Nacional de Trabajadores. También, Preda dictaminó a favor de investigar los bienes del entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Núñez, miembro del Consejo de la Magistratura que habría maniobrado para no incluirlo en una terna para fiscal, pese a tener el mejor puntaje y perfil. Tras esta situación, Preda renunció en 2010 y se dedicó a la profesión.
Alejandro Nissen
El exfiscal se metió donde no debía y se topó con el poderoso Óscar González Daher, removido como senador hace unos meses por el escándalo de los audios y aprietes en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Corría el año 2006 y el entonces fiscal decidió imputar al político colorado por la tenencia de un Mercedes Benz “mau”, robado en Brasil. En ese momento González Daher era diputado y titular del Jurado, donde cocinó la remoción de Nissen. Así, logró también archivar su caso en la fiscalía y el Poder Judicial. Otro fiscal, Ángel Ramírez, fue suspendido hace poco porque “osó” indagar a la esposa de González Daher, la escribana Nélida Chávez.
Patricia Doria
La exdirectora de Delitos Económicos y Anticorrupción Patricia Doria pidió su traslado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabisco), luego de que el fiscal adjunto interino Alejo Vera intentara trasladarla. El caso fue una vendetta porque la abogada dictaminó un mes antes que correspondía abrir una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, su esposa María Selva Morínigo y sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo. La familia soporta todavía esa pesquisa por tener una empresa con capital de G. 2.500 millones y millonarios bienes que no podrían justificar.
Muchos fiscales procesados por coima
El descrédito hacia el Ministerio Público se suscita porque muchos fiscales cayeron con “coimas” en operativos encubiertos, lo que les valió en la gran mayoría de las veces sus remociones del cargo.
A esto se suma que hay una lista larga de agentes de sospechados que reciben dinero a cambio de impulsar o no causas y que inclusive trabajan con estudios jurídicos, para burlar eventuales causas por corrupción.
En el puesto principal aparece Juan Claudio Gaona, quien logró dilatar tanto su causa de coima de US$ 50.000 que data de mayo de 2007 que a esta altura ya habría prescripto.
Además, el exfiscal Gustavo Gamba fue sentenciado a 4 años de cárcel por una “coima” de US$ 120 mil. También, Martha Garcete (fallecida) fue condenada a 3 años y 3 meses por una coima de G. 40 millones.
El exfiscal Miguel Ángel Kunzle fue sentenciado a solo dos años por una “coima” de US$ 10.000.
La exfiscala Liz Pérez Idoyaga fue condenada a 2 años y medio de prisión por quedarse con dinero de planilleros de la Justicia Electoral.
Actualmente, el exfiscal Rubén Villalba chicaneó su audiencia preliminar, que finalmente se hizo el viernes pasado y se debe resolvió que afrontará juicio oral por recibir “coima” de G. 42 millones.
Otros sonados procesos son los de los exfiscales José Luis Brusquetti (condenado a 2 años y 3 meses), y Cristhian Garelik, blanqueado con la extinción.
Cuna de “blanqueo” a políticos colorados
Nicanor Duarte Frutos
El expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos nunca pudo ser conectado a la compra de un avión Hawker valuado en US$ 350.000 porque aparecía a nombre de su piloto, Félix Erico Ortiz. El proceso quedó en el opareí con la absolución del militar, que en un primer juicio oral fue condenado a 4 años y 6 meses por enriquecimiento ilícito. Nicanor también fue investigado por presunto enriquecimiento, pero se amputó el plazo a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz. Sin embargo, el expresidente nuevamente fue denunciado y soporta aún una nueva causa abierta. En el 2009, el juez Julián López resolvió que solo se investiguen sus bienes obtenidos entre enero de 2006 y agosto de 2007, lo que la fiscalía consideró insuficiente y el caso se desestimó. Además de tener un búnker en barrio Herrera, Nicanor habría realizado varias transferencias de bienes y tendría sociedades.
Víctor Bernal
El exsenador colorado y exdirector de la Itaipú binacional durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, logró “archivar” dos procesos abiertos en su contra en la Unidad de Delito Económicos que tenían que ver con la utilización de fondos para su campaña electoral y su presunto enriquecimiento ilícito. En el caso de la propaganda, se comprobó la utilización de G. 1.116.047.500, pero solo quedaron “pegados” al proceso las personas que ordenaron los desembolsos, y no los beneficiados como Bernal, Blanca Ovelar y Nicanor Duarte, por disposición de la fiscala Victoria Acuña. En el caso de enriquecimiento ilícito, el entonces fiscal Sergio Alegre solicitó en dos ocasiones desestimar la investigación por presunto enriquecimiento, que incluía la compra de una estancia de 150 hectáreas por solo G. 200 millones, atribuida a los sobrinos de la esposa de Bernal, entre otros bienes.
Juan Carlos Galaverna
El senador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna es uno de los intocables de Delitos Económicos del Ministerio Público. Pese a ser autor confeso de un fraude electoral, nunca fue indagado por el delito porque el hecho prescribió. Además, fue incluido en el caso de vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), pero logró sortear el proceso por presunto tráfico de influencias. Además, su fortuna fue materia de análisis y la fiscala Victoria Acuña desacreditó un análisis contable de la Contraloría General desfavorable al senador y recurrió a un perito contable para determinar ingresos y egresos. Ese informe arrojó que el parlamentario no justificó G. 247 millones entre 1993 y 1999, y la suma subió a G. 957 millones entre 1999 y 2003. Finalmente, tras 1 año y 11 meses de investigación, la fiscala de Delitos Económicos optó por “archivar” el caso.
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