Domingo Arzamendia está acusado por los delitos de extorsión, estafa, uso de documentos no auténticos y utilización de marcas de valor no auténticos. Sin embargo, los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz pidieron al tribunal que se haga la “advertencia” de uno más: exacción (recaudación paralela).
Hay tres hechos bien determinados por lo que el exguardia del hijo de Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República y actual embajador en Buenos Aires, está acusado.
El primero tiene que ver con la creación de estampillas falsas, cuyos aranceles cobrados nunca fueron remitidos a la Cancillería, por lo que se produjo un perjuicio de US$ 15.000.
A su vez, Arzamendia fue acusado por la contratación de funcionarios fantasmas, lo que produjo un daño de US$ 430.986. Asimismo, está en la mira por la supuesta extorsión a empleados del Consulado, a los que pagaba montos inferiores a los establecidos en las planillas, lo que ocasionó un perjuicio de US$ 116.600.
Los jueces Lourdes Elizabeth Peña (presidenta del tribunal), Rosarito Montanía y Manuel Aguirre (miembros) tomaron declaraciones testificales de funcionarios del Consultado paraguayo en Buenos Aires, así como de peritos que analizaron documentos apócrifos, y de empleados fantasmas. A su vez, fueron leídos ocho tomos de pruebas documentales, que según el fiscal Fernández corroboran los extremos de la acusación penal.
Testimonios que complican
Durante el juzgamiento, se presentaron testigos que complicaron la situación del excónsul paraguayo. Sin embargo, solo dos de siete funcionarios y exempleados del Consulado implicado pudieron declarar.
Entre ellos aparece el casero Alfonso Jiménez Almada, quien corroboró la extorsión de la que fue víctima, debido a que percibía salario de US$ 1.200 de los US$ 2.500 que figuraban en los recibos y su contrato. El mismo testigo señaló desconocer a los contratados que resultaron ser empleados fantasmas.
También declaró Aldemar Baltasar Gil Palacios, funcionario del área administrativa, quien tampoco identificó a varios empleados, entre ellos los caseros de Arzamendia, Apolonia López de Rojas e Isaac Rojas. Estos dos, a su vez, confirmaron al tribunal que jamás salieron de nuestro país, pero aparecían con salarios considerables en la dependencia diplomática.
Asimismo, Gil Palacios explicó cómo se realizaba el trámite administrativo de cobros de tasas consulares irregulares, cuyos montos nunca fueron remitidos a la Cancillería.
Además de ellos, declararon los peritos calígrafos Arsenio Ibarrola (de la Fiscalía) y Darío Vázquez Piatti (por la defensa), y reforzaron la teoría acusatoria. Resaltaron “firmas fantasmas” y el hecho de que el propio Arzamendia cobraba cheques de salarios ajenos y los refrendaba.
Ocho tomos de documentales
Durante el juicio, fueron leídos ocho tomos de pruebas documentales, entre las que se encuentra un informe de auditoría interna de la Cancillería, que detectó estampillas falsificadas, para no remitir los respectivos cobros.
“Allí se realizó una descripción de las estampillas remitidas al Consulado y las que fueron luego circularizadas. Se constató que se usaron estampillas consulares falsas, y que los aranceles cobrados no fueron remitidos a la Cancillería”, dijo el fiscal René Fernández.
El agente también explicó que Arzamendia se expone a 7 años y medio de cárcel, por el concurso de los delitos. A su vez, aclaró que la causa que analiza conductas desplegadas entre el 2005 y 2008, no corre riesgo de extinción ni prescripción, debido a que el excónsul fue declarado en rebeldía en una ocasión.
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