Está más que probado que muchos agentes del Ministerio Público llegan a sus despachos después de las nueve de la mañana. Además de no estar a hora en la oficina, luego se niegan a atender a la gente que los espera para hablar sobre los casos que le afectan.

Los fiscales, al parecer, no son conscientes de que son servidores públicos y como tales, tienen la obligación de recibir a los ciudadanos que necesitan realizar consultas, ya sea sobre sus procesos o los de sus familiares.

“Nunca me atendió, es una fiscala que las 24 horas está en audiencia”, denunció Marta Barboza Escobar, quien acusó a la fiscala Gilvi Quiñónez, de la Barrial N° 3.

Esto es apenas un ejemplo de lo que ocurre con la mayoría de los fiscales, que además de llegar tarde se retiran temprano y dejan las causas en manos de sus asistentes.

El fiscal general, poco después de asumir el cargo, confirmó en noviembre de 2011, la “rabona” de los agentes. De forma sorpresiva, recorrió la sede central del Ministerio Público, ubicada sobre Nuestra Señora casi Haedo, y se cercioró de que varios fiscales no llegaban a trabajar a pesar de que ya eran las 8:30.

Lo que ocurre actualmente evidencia que no se tomaron medidas o que las que se tomaron no fueron suficientes para hacer que los agentes cumplan con el horario de entrada.

Los fiscales adjuntos perciben sueldos que alcanzan los G. 15 millones, mientras que los agentes inferiores reciben haberes de G. 13 millones (salario más bonificación).

El Poder Judicial tampoco es ajeno a esa irregularidad y la Corte, para tratar de controlar, dictó resoluciones que instan a los magistrados a estar en sus despachos a la hora establecida. Se deben aplicar sanciones duras a los que la incumplen.

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