Familiares de caídos tienen derecho a resarcimiento justo

La masacre del viernes 15 de junio, en Curuguaty, tuvo y tendrá consecuencias irreparables. Mientras el Paraguay sigue sumergido en una profunda crisis política, que incluso ya derribó un gobierno, los familiares de los caídos siguen llorando a sus muertos. Ahora, resta determinar los resarcimientos económicos correspondientes para los herederos, aunque ni así se tapará el inmenso dolor que generó su partida.

https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/EFK4RIGUG5HARBXYLA57IOYJ5E.jpg

El lugar exacto de la matanza se halla a 4.000 metros de la entrada principal, ubicada sobre la Ruta X “Las Residentas”, en el kilómetro 282.

La balacera desató una profunda crisis política y derivó en el juicio político y posterior destitución del presidente Fernando Lugo.

Sin embargo, la muerte de estos 17 compatriotas generó consecuencias irreparables en sus seres queridos, ya que eran los sustentos de sus respectivas familias.

Una buena de Federico Franco

Hoy, a más de dos semanas de la matanza, los familiares de los policías fallecidos al menos mantienen las esperanzas de ser resarcidos económicamente por el Gobierno, aunque ello no borrará el trágico destino que les tocó a los uniformados, en un día inesperado.

Hasta antes de este caso, los familiares de los policías fallecidos en acto de servicio tenían que soportar mucha burocracia para recibir la indemnización y la pensión correspondiente. Otros, incluso hasta ahora no pueden cobrar lo que por ley les corresponde.

El motivo principal de este drama era la famosa “ley Borda”.

Esta normativa, bautizada así porque fue obra del exministro de Hacienda Dionisio Borda, perjudicaba notablemente los intereses de los familiares de los policías caídos.

La Ley 3217/2007 estipulaba que “en el caso de fallecimiento en acto de servicio de un efectivo policial o militar que aún no tiene el haber de retiro, sus herederos tendrán derecho a una pensión equivalente al 65% de la última remuneración percibida”.

Es decir, si un policía muerto en servicio no tenía por lo menos 10 años de antigüedad, su familia prácticamente quedaba desamparada.

Sin embargo, el actual presidente de la República, Federico Franco, aunque en su época de vicepresidente, modificó casi a la fuerza y a escondidas esta ley, para beneficiar a los policías, explicó el Crio. Princ. Darío Cantero, director administrativo de la institución.

Cantero dijo que el 23 de mayo pasado, el Congreso aprobó la Ley 4622, a petición de Franco, por la cual “al personal policial y militar fallecido en acto de servicio o a consecuencia de lesiones sufridas en dicho acto, se le conferirá el ascenso póstumo al grado inmediato superior, cualquiera fuera el tiempo de servicio, y sus herederos tendrán una pensión equivalente al 80% de la remuneración correspondiente al grado póstumo”. Con esto, los familiares de los caídos al menos ahora tendrán un resarcimiento justo.

Indemnización a “sintierras”

El nuevo Gobierno, a través del Ministerio del Interior, había anunciado también días atrás una “asistencia integral” a las viudas, huérfanos y parientes de los 11 campesinos fallecidos en Curuguaty.

El ministro del Interior, Carmelo Caballero, habló acerca de ayudas no solo económicas, sino planes de asistencia a los hijos de los fallecidos, que contemplan por ejemplo programas de estudio.

Pese a que los familiares de los “sintierras” no tienen la culpa de lo sucedido, y tal vez los mismos abatidos tampoco, el Estado ahora deberá hacerse cargo del destino de estas familias.

Los ocupantes abatidos fueron Andrés Rivero García (61), Avelino Espínola Díaz (55), Delfín Duarte (54) y el hijo de este, Francisco Ayala (37).

También murieron Arnaldo Ruiz Díaz Meza (36), Ricardo Frutos Lara (35), De los Santos Agüero (35) y Adolfo Castro Benítez (28). La lista sigue con Fermín Paredes González (28), su hermano Luis Agustín Paredes González (25) y Luciano Ortega (18).

Las principales reivindicaciones de las familias de los caídos son tres.

En primer lugar exigen la indemnización económica, también la adjudicación de las tierras de Blas N. Riquelme y la liberación de los demás ocupantes recluidos en las distintas penitenciarías del país.

El cabecilla e instigador

El dirigente campesino Rubén Villalba, quien se encuentra prófugo, es sindicado como principal cabecilla de los presuntos sintierras y uno de los “instructores” en prácticas militares a “carperos”, que se enfrentaron con los policías dentro de la propiedad del empresario Blas N. Riquelme. Además, el líder afronta dos procesos por invasión de inmueble ajeno, toma de rehenes de comitiva fiscal, entre otros.

Los investigadores sostienen que Villalba reagrupó a unos 150 campesinos para invadir el inmueble de unas 2.000 hectáreas. La fiscala Ninfa Aguilar imputó al dirigente por los delitos de homicidio doloso calificado, homicidio doloso en grado de tentativa, asociación criminal, coacción y coacción grave.

Según el Ministerio Público local, Rubén Villalba afronta tres procesos por invasión de inmueble.

ileguizamon@abc.com.py