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–¿Cómo surgió la investigación Lava Jato, a partir de qué datos?
Vladimir Aras (VA) –Comenzó como una investigación de un crimen financiero, como una investigación como cualquier otra. La PF y el MP luego en secuencia identificaron un pago hecho por un conocido doleiro, un cambista ilegal, que enviaba un regalo a un exdirector de la Petrobras. A partir de que las pruebas delimitaron responsabilidades de este exdirector de la Petrobras, él se vio en la circunstancia de optar por un camino de afrontar un proceso judicial o hacer un acuerdo. Él resolvió hacer un acuerdo de delación premiada, cuya ley acababa de entrar en vigencia en el Brasil, en el 2013 y ese evento aconteció en marzo del 2014. Y a partir de ese acuerdo, ya que las pruebas indicaban que él recibía propina y tenía cuentas en el exterior, en Suiza, el camino más acertado para él fue el de hacer el acuerdo y a partir de ahí las pruebas empezaron a surgir y llegamos a ese estado en que centenas de políticos y empresarios y empresas tuvieron sus actividades ilícitas descubiertas.
–¿Ustedes imaginaron que llegaría a tener la dimensión que alcanzó hoy?
VA –Nadie imaginaba. Yo no participé directamente en la investigación, en verdad durante la gestión del fiscal general Rodrigo Janot como secretario de cooperación internacional, entonces mi actividad fue acompañar la parte transnacional de la investigación. Pero ni eso pudimos imaginar que pudiera acontecer, tantos países involucrados como Perú por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Panamá, Angola, Mozambique, Suiza, Noruega Andorra, Mónaco, Francia y una infinidad de países que fueron apareciendo y esto se dio gracias a estas dos técnicas: el uso de los acuerdos judiciales con acusados de crímenes y acuerdos no penales con personas jurídicas, llamamos en el Brasil de acuerdo de leniencia (clemencia), con las empresas y de declaración jurada con las personas físicas. Este tipo de acuerdos, sumado a la cooperación internacional, permitió que la investigación tuviera una expansión enorme tanto del punto de vista horizontal, saliendo del caso Petrobras para una dimensión mucho mayor y también verticalmente, dejando el nivel de los funcionarios públicos comunes para buscar las responsabilidades de los altos funcionarios de la República.
–En el Perú, casi 80 empresarios se adhirieron a la delación premiada, ¿no?
Alonso Peña (AP) –Propiamente la delación premiada surge en el Brasil. Nosotros hemos dicho en más de una oportunidad que el caso madre es en el Brasil. Pero a partir de las investigaciones que arrancaron en el año 2015, a través de una de las obras públicas muy importantes que se dieron entre los años 2004 prácticamente y hasta el 2010, 2011, donde se advirtieron finalmente la posibilidad de que habría habido actos de corrupción y es precisamente a través de la cooperación judicial internacional, especialmente con Brasil, que se lograron acopiar una serie de evidencias y también explotó si se puede decir esto a nivel internacional, cuando en diciembre del año pasado se dio ese un acuerdo tripartito en Nueva York, entre Brasil, Estados Unidos y Suiza y eso ya originó la necesidad en Perú de crear unidades especiales de investigación, por eso el fiscal general de la Nación se creó el 1 de enero un equipo especial que se encarga de la investigación de Odebrecht y otras empresas brasileñas.
–¿Cómo maneja la presión de la gente involucrada? ¿De qué forma intentan llegar a los investigadores?
AP –La presión creo que siempre es algo permanente sobre todo en estructuras criminales de esta envergadura en las cuales se encuentran involucrados personajes de alto nivel público. Lo importante y creo que también sucede en el Brasil, ya lo dirá el Dr. Aras, es que el Ministerio Público peruano es una institución totalmente penalmente independiente y autónoma, está libre de toda injerencia política y esto ha permitido afianzar y seguir avanzando a nivel de las investigaciones con un ritmo importante, pero lógicamente hay que tomar ciertos tiempos porque muchas de estas injerencias provienen del exterior, las presiones están siempre ahí latentes pero como saben que somos funcionarios fiscales totalmente independientes, nuestro trabajo se está realizando sin mayor problema.
–¿Cómo logran la independencia del poder político? ¿Dónde está la clave, en el sistema de selección tal vez?
AP –Primero institucionalmente hablando. Hay una configuración y un diseño constitucional y legal que nos ha permitido en el Perú consolidar un Ministerio Público totalmente independiente. La formación dentro de la estructura constitucional del MP, los fiscales no son nombrados por el poder político ni por el Poder Ejecutivo ni tampoco por el Poder Judicial. El fiscal de la nación es nombrado por una junta de fiscales supremos, todos de carrera y quienes asumimos esta labor, reitero, somos totalmente independientes. O sea que la estructura misma ha permitido ello y también una nueva generación de fiscales jóvenes que van con nuevos bríos y una pujanza muy importante para enfrentar casos de esta envergadura que requiere de bastante objetividad, de bastante especialidad y utilización de mecanismos sofisticados de investigación.
VA –Nosotros en el Brasil también tenemos esta institucionalidad que es importantísima, es importante que el MP tenga autonomía e independencia, que también la tengan los jueces, sin eso ninguna investigación de corrupción o de crímenes graves que afecte al poder político y el poder económico tiene éxito. Es fundamental que las leyes y sobre todo la Constitución permitan que esas estructuras del Poder Judicial y del Ministerio Público puedan trabajar libremente de acuerdo con las leyes y los tratados y usando esas herramientas esenciales de investigación, sobre todo cuando nosotros tenemos crímenes graves y crímenes que son practicados por organizaciones criminosas que operan como mafias, que operan según estrategias de sigilo, silencio, confidencialidad, que es muy similar al modelo mafioso de la omertá (ley del silencio), de ahí la importancia de las técnicas especiales de investigación, medios especiales de obtención de prueba, como la colaboración premiada o la colaboración eficaz, que tiene justamente el propósito de romper ese silencio dentro de esquemas criminosos muy bien organizados, muy bien estructurados y muchas veces muy arraigados, sólidamente implantados dentro del Estado. Entonces solamente con esas técnicas especiales, sea interceptación telefónica o la infiltración policial pero sobre todo con la colaboración premiada y tantas otras herramientas que no tenemos en el Brasil y que son interesantes como el mecanismo de protección a reportantes de buena fe, todo eso es importante que exista y es importante, por lo tanto, que el Poder Legislativo apruebe esas medidas y las ponga en vigencia a fin de que la Policía y el MP y los otros órganos de investigación y de apoyo a la investigación judicial puedan utilizarlas en provecho de la colectividad.
1. Alonso Peña Cabrera
Actual fiscal superior y jefe de la unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, en Perú. Es doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas; Magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; y cursó un postgrado en Derecho Procesal Penal en la Universidad Castilla la Mancha, España. Desde el año 2004 hasta el 2015, desempeñó diversos cargos en el Ministerio Público de su país, entre ellos los de fiscal adjunto superior y fiscal superior provincial. Docente de cátedras de Derecho Penal y Procesal Penal en varias universidades de Derecho de Perú (2003-2010) y de Derecho Penal en la Academia de la Magistratura (2006-2011). Autor de 23 obras de Derecho Penal.
2. Vladimir Aras
Fiscal federal de la Corte de Apelaciones de Brasilia. Máster en Derecho Público de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Ejerce la docencia hace casi 20 años como profesor de derecho procesal penal. Fue jefe de la unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal (2013-2017). Fue nombrado por la Procuraduría General de la República para representar al Ministerio Público en misiones internacionales en varios países y ediciones de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero. Publicó varios artículos sobre delitos informáticos, lavado de dinero, crimen organizado, procedimiento penal y cooperación internacional.