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La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción indagó la denuncia que presentó el actual ministro de Salud, Antonio Arbo, en agosto del año pasado.
Capurro, además de imputar al exviceministro Giménez, decide procesar a Laura Marisa Duarte, exdirectora general de la Gestión de Insumos Estratégicos; María del Rocío Bogado, encargada de la Dirección de Planificación; José María Ruiz Díaz Benítez, exdirector general de la Gestión de Insumos Estratégicos, y Federico Fabián Gill Ramírez, administrador de la misma dirección.
De acuerdo al acta de imputación, vía licitación pública y por instrucción del entonces viceministro se ordenaron las compras de medicamentos oncológicos y de soporte, e insumos esenciales. Las empresas adjudicadas fueron Fusa SA, que proporcionó por un total de G. 2.061.768.178, y Farmacéutica Paraguaya SA, que facturó nada menos que G. 9.367.405.172.
En el escrito se consignan los siguientes antecedentes: “En fecha 26 de abril de 2011, la doctora Laura Marisa Duarte, directora general de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, remitió un memorándum en el que se consigna a la doctora Rocío Bogado, encargada de la Dirección de Planificación, el listado de bienes a ser adquiridos por el Banco de Drogas, el cual incluye medicamentos oncológicos, medicamentos de soporte e insumos esenciales; igualmente, dicho memorándum hace mención de manera especial que el mismo llamado debía hacerse a través del Instituto Nacional del Cáncer, pero por instrucciones del viceministro en ese entonces, doctor Édgar Giménez, debía llevarse a cabo a través de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud del MSPBS”.
Como consecuencia, dice Capurro, se inició el proceso de llamado a licitación pública nacional N° 15/2011 con base en el listado remitido en dicho memorando. Finalmente, fueron adjudicadas las empresas Fusa SA y Farmacéutica Paraguaya. La firmas debían entregar el 30% de los medicamentos en el plazo de 20 días, contados a partir de la firma de contrato; la segunda entrega del 20% en un plazo de 60 días y la tercera entrega, el 50%, entre los 60 y 360 días, según orden de compra, que debían ser remitidas por la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud, conforme a la necesidad del Instituto Nacional del Cáncer.
Posteriormente, el director general de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, doctor José María Ruiz Díaz, y el administrador de la misma dirección, abogado Federico Gill, emitieron órdenes de compras a favor de ambas empresas.
“Conforme a lo establecido en el contrato, el cual fue suscripto conforme a la modalidad abierta, las terceras órdenes de compra debían ser emitidas a pedido exclusivo de las autoridades del Instituto Nacional del Cáncer, según necesidad del mismo; sin embargo, no existe requerimiento alguno del Instituto Nacional del Cáncer, contrario censu, puede verse que el director general del Instituto Nacional del Cáncer por medio de la Nota N° 0555/11 de fecha 1 de noviembre de 2011 y Nota N° 319 de fecha 2 de agosto del año 2012, solicita la anulación de las órdenes de compra correspondientes a la tercera entrega; sin embargo, las mismas fueron confeccionadas y los insumos entregados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Cabe mencionar expresamente, que por memorándum N° 29/2012 del Banco de Drogas, se puede notar que fueron licitadas y adjudicadas cantidades muy superiores al consumo anual del Instituto Nacional del Cáncer, y como consecuencia de ello, los medicamentos adquiridos se encuentran a la fecha vencidos o próximos a vencer, teniendo en cuenta que el plazo de vencimiento según el pliego de bases y condiciones, debía ser de una vigencia no menor de 12 meses a partir de la fecha de recepción de los mismos”, concluye la investigadora en su acta de imputación penal.
griselda@abc.com.py