Indagan perjuicio de G. 725.000 millones

La Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público investiga un perjuicio patrimonial de G. 725.081.522.130 al Estado, mediante hechos de corrupción. Varias altas exautoridades ya fueron imputadas, otras acusadas y algunas a punto de ser procesadas por la comisión del delito de lesión de confianza. Se aguarda una fuerte sanción a los involucrados en los saqueos.

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La Unidad tiene varias investigaciones abiertas por perjuicio patrimonial al Ministerio de Agricultura. Una de las causas es la número 101/13 “Federación Nacional de Productores y Frutihortícolas”, en donde se presume un perjuicio de G. 120.000 millones. Entre los imputados se encuentran los exministros de Agricultura, Enzo Cardozo y Rody Godoy.

Están procesados igualmente Maristela Azuaga, Javier Luna Pastore, Marcelo Alonso Aldama, Mariza Mendoza, Marcela Fleitas, Pedro Ibáñez, Víctor José Ramírez, Alberto Riquelme, Marcelo Alonso, Augusto González, Emilio Daniel Ferreira y Gustavo Amarilla.

También fueron imputados Silvio César Riveros, Ignacio Acuña Ramírez, Luis Piccardo, Lidio Esteban Irala, Alcira Arzamendia, Luis Eduardo López, Heriberto Huerta, Jorge Ovelar Dacosta, Cecilia López Romero, Ceferino López Romero y Manuel Gaona.

La imputación describe la modalidad utilizada para el efecto y da cuenta de que el 29 de noviembre de 2012, por resolución Nº 1193, Enzo Cardozo autorizó a la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG la trasferencia prevista en el presupuesto del ejercicio fiscal 2012, en concepto del rubro 874, “Aportes y subsidios a entidades sin fines de lucro”, a favor de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas. Se designó como responsables a Silvio Riveros, por la Fenaprofhp, y a Maristela Azuaga, por el MAG.

Semillas de caña de azúcar

La otra carpeta abierta es la número 10/14 “Adquisición de semillas de caña de Azúcar”. Esta investigación está a cargo del fiscal Luis Piñánez y se presume un perjuicio de G. 600 millones para el Ministerio de Agricultura.

Según la denuncia, la firma Mario Comercial SA debía proporcionar 1.800 toneladas de caña de azúcar, pero solo entregó 500 toneladas.

Para el efecto, la empresa remitió la factura N° 001-001-0011563 de fecha 22 de enero de 2013, por el monto de G. 900.000.000.

Previamente, Mario Comercial SA emitió la nota de remisión de mercaderías en fecha 27 de diciembre de 2012, las que fueron recibidas sin ninguna objeción por el ingeniero agrónomo Pánfilo Ortiz.

Los pagos fueron realizados el 23 de enero (primero por G. 800.300.400 y luego por G. 99.699.600), y estuvieron refrendados por Nunila Godoy y Carlos Miranda.

Sin embargo, el 11 de setiembre de 2013, el presidente de la Coordinadora para la Defensa de la Soberanía de Lima, Zenén Samudio, informó que de las 1.800 toneladas, los cañicultores recibieron 500.

Fortalecimiento Frutihortícola

La fiscala Yolanda Portillo tiene a su cargo la causa número 25/14 “Fortalecimiento del sector Frutihortícola”, que ingresó en la Unidad Especializada de Delitos Económicos el 10 de febrero pasado y se calcula que hubo un perjuicio de G. 1.400 millones al MAG.

Programa de fomento pecuario

La causa N° 115/13 “Irregularidades detectadas en la ejecución del Programa Nacional de Fomento Pecuario” tiene la fiscala Alba Delvalle. El caso ingresó a Delitos Económicos en octubre de 2013 y se indaga un perjuicio patrimonial de G. 3.664.000.000 al MAG.

En este proceso ya fueron imputados los exministros Cardozo y Godoy.

En el proceso fueron incluidas otras 25 personas, ya que se montó todo un esquema para desviar fondos del Programa Nacional de Fomento Agropecuario (Pronafope) y de la sospechosa ONG Frente Combatiente contra la Pobreza.

Además de los exministros, la agente incluyó en el caso de lesión de confianza, estafa, lavado de dinero, apropiación y uso de documentos no auténticos al abogado Víctor Llano Casco, exdirector del Pronafope, además de varios consultores que sacaron provecho (entre ellos Miguel Moreno Domínguez) y las hermanas Ana Carmela Galeano Espinoza y Diana Panambí Galeano Espinoza (titular de la ONG Frente Combatiente contra la Pobreza con solo 23 años), hijas del dirigente sintecho Carmelo Danubio Galeano, que posee antecedentes en Alto Paraná.

También fueron imputados Armín Enrique Hamann Bugs, Ronald Hernán Guerrero Ovelar, Susan Elizabeth del Puerto Caballero, Sergio Fabián Rodas Franco, Katia Paola Fernández Verdún, Sinecio Rivas Romero, José Luis Rivas Ortiz, Nilda Araceli Esquivel Cáceres, Concepción Centurión Aguilar.

La lista sigue con: Nora Liz Narváez Cáceres, Domingo Alejandro Leiva Rivera, Jimena Luisa Rodríguez Cortesi, Esquicio Dionicio Meza Núñez, Jorge Ovelar Dacosta, Francisco Javier Romero Ocampos, Bernardino Araújo Espínola, Miguel Maciel Cabral, Maristela Azuaga Fleitas, Tomás Giménez Duarte, Jorge Manuel Zarza Rozzano, y Carmelo Gustavo Centurión Aguilar.

Ministerio del Interior: caso helicópteros

La causa número 73/2011 “Rafael Filizzola y otros sobre lesión de confianza” está a cargo de los fiscales José Dos Santos, René Fernández y Yolanda Portillo. La acusación es por la compra irregular de cuatro helicópteros, cuando Filizzola era ministros del Interior.

Se estima un perjuicio de G. 50.000 millones y la semana pasada terminó la audiencia preliminar. Ahora se aguarda la decisión del juez Hugo Sosa Pasmor, quien tiene que determinar si envía o no a Filizzola a juicio.

Para otros acusados que admitieron la comisión del hecho, el Ministerio Público solicitó procedimiento abreviado. Terminarán haciendo donaciones.

En la misma causa está imputado el senador Carlos Filizzola, quien cuenta con medidas alternativas.

Caso comisarías

La causa 105/2013 “Rafael Filizzola y otros sobre lesión de confianza” es indaga por el fiscal Aldo Cantero y se presume un perjuicio de G. 1.131.812.500.

Rafael Filizzola, exministro del Interior, fue imputado por el fiscal Cantero, por lesión de confianza junto a los exfuncionarios de esa institución Andrea Angélica Adle Román, Fernando Ángel María Sakoda Giménez, Juan Diego Fernández y Aníbal Muñoz.

Conforme a la fiscalía, la firma Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, también imputado en este caso, fue la adjudicada para ese trabajo por un monto total de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado el 2 de diciembre de 2010.

Las obras se iniciaron el 25 de enero de 2011, y según el contrato, en un plazo de 60 días debían estar concluidas 23 comisarías, en tanto que 90 días era el tiempo establecido para la comisaría número 19, ubicada en barrio Jara.

Fue así que el 25 de enero empezaron las obras y ese mismo día se pagó la totalidad del monto establecido en el contrato.

Sin embargo, dice la imputación que al realizar las verificaciones de las distintas comisarías, con los trabajos correspondientes en las planillas de indicadores, se observó que no se habían contemplado las necesidades reales y rubros extremadamente importantes y en cuanto a la construcción de celdas y baños, sin planos.

El vencimiento de la garantía fue establecido para el 31 de agosto de 2011, pero nunca fue ejecutada.

Según el reporte del Ministerio Público, la fiscala Silvia Cabrera tiene la causa N° 2/2014, que ingresó a la Unidad de Delitos Económicos el 3 de enero pasado.

En este caso se habla de un perjuicio patrimonial al Ministerio del Interior de G. 3.621.888.000.

Soborno en Hacienda

El fiscal José Dos Santos está al frente de la investigación en la causa N° 104/2013 “Jorge Ramón Galeano sobre soborno”. Se sospecha un perjuicio de G. 25.000.000.

Dos Santos imputó a Galeano por soborno agravado, cuya expectativa de pena es de hasta 3 años de cárcel.

El ahora “gestor” ofreció G. 25 millones a Víctor Gómez de la Fuente, para acelerar el crédito fiscal para la firma Pcizzi SA.

El imputado tiene prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio y debe comparecer mensualmente al juzgado. Hay una fianza personal de su abogado Emigdio Aliandre Morel por la suma de G. 10 millones.

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