La banda de “narcopilotos” conectada a los Viveros

El operativo antidrogas “Espantapájaros” se inició alrededor de las 11:40, cuando un grupo de agentes especiales de la Senad incursionó en una pista ubicada en la estancia “San Jose’i”, que está distante a unos 15 kilómetros del casco urbano de la colonia San Alfredo. Esta localidad situada a 70 kilómetros de la ciudad de Concepción.

Los intervinientes encontraron en el lugar un cargamento de 370 kilos de cocaína boliviana que había sido descargado de una avioneta con matrícula paraguaya ZP-BAA, que posteriormente despegó. En el operativo fue detenido el capataz del establecimiento y se incautaron de dos camionetas 4x4 que se encontraban en el lugar, por orden del entonces fiscal interviniente, Jorge Kronawetter.

En San Juan Bautista 

Casi al mismo tiempo, otro grupo de agentes especiales de la Senad irrumpió en un hangar de la empresa “Aerotáctica SA”, ubicada en la compañía Ibáñez Rojas de la capital del departamento de Misiones, a unos dos kilómetros de la Ruta 1 “Mariscal Francisco Solano López”. En el lugar fueron secuestradas siete avionetas, una de las cuales era justamente la que descargó los 370 kilos de cocaína que cayeron en San Alfredo.

También se requisaron tres camionetas 4x4, una de ellas preparadas con doble fondo en el tanque de combustible, listas para transportar drogas desde un punto a otro.

Ese procedimiento fue encabezado por el fiscal Javier Ibarra y los agentes de la Senad arrestaron al dueño del establecimiento aeronáutico, el piloto Carlos Antonio Viveros López (43), sospechado de brindar cobertura a las principales redes de tráfico de drogas que operan en el país.

El detenido es además hijo de Francisco Viveros Cartes y sobrino de Juan Domingo “Papacho” Viveros Cartes, quien actualmente cumple una pena de ocho años de prisión por tráfico de drogas tras ser condenado por un tribunal de Encarnación el 10 de abril del presente año.

También cayeron los otros pilotos Miguel Ángel Cortessi Penzzi y José Manuel Martínez Viveros, además de los copilotos Carlos Antonio González López y Rubén Granados Medina. En la misma operación fueron detenidos el argentino Ariel Eduardo Robles Maldonado y el chileno Carlos Fernando Cifuentes Wieler.

“Esta megabanda era rastreada desde hace meses por la Senad, ante sospechas de que ofrecía principalmente servicio de transporte de cargamentos a organizaciones con tentáculos en varios países de la región”, explicó el entonces jefe de la Senad, Crio. (R) César Damián Aquino.

También se descubrió la presunta participación del entonces concejal de la ciudad de Concepción Eleucipo Cáceres Cénturión (PLRA), con base en que una de las camionetas incautadas en el procedimiento era de su propiedad y, por tanto, fue procesado por el caso. El exedil estuvo prófugo todo ese tiempo hasta que fue capturado en San Alfredo el 30 de setiembre de 2015.

El extitular de la Senad reveló que el piloto Carlos Antonio Viveros López utilizaba su empresa “Aplicaciones Aéreas SA” como fachada para el transporte de droga desde Bolivia al Brasil, con tránsito por Paraguay.

De acuerdo a la investigación, dirigía las operaciones de rescate y entrega de droga para una organización criminal con base en la ciudad brasileña de São Paulo. 

Añadió que el grupo introducía al menos 1.000 kilos de cocaína boliviana por mes al mercado brasileño, donde se pagaba hasta US$ 20.000 el kilo.

Según la pesquisa, Viveros López hacía vuelos quincenales desde su hangar de San Juan Bautista a distintas ciudades bolivianas para recoger cargamentos de hasta 500 kilos de cocaína. 

En su viaje de regreso, hacía escala en pistas clandestinas de los departamentos Concepción o Amambay, donde reacomodaba su carga y reabastecía de combustible su avioneta. Para ello sobornaba a los capataces de los establecimientos utilizados para descender.

Carlos Antonio Viveros López fue finalmente condenado a 18 años de cárcel el 6 de marzo de 2015 por un tribunal de sentencia integrado por los jueces Elsa García, Digno Arnaldo Fleitas y Mesalina Fernández. 

A Rubén Granados Medina y Carlos González le impusieron una pena de 13 años de cárcel, mientras que Nelson Fabián Sánchez fue sentenciado a 7 años de prisión y Peter Rogalski a solo 2 años. Este último quedó en libertad tras la suspensión de la ejecución de la condena.

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