La defensa de la libertad de expresión

Nuestro país está entrando en una zona oscura o mejor dicho en una crisis, ya que cuando de alguna forma intentan acallar las informaciones, eso no es otra cosa que una advertencia que los demás derechos están a punto de ser cercenados, y lo mencionado no es una falacia, ya que lo estamos viviendo día a día todos los ciudadanos, como ejemplo basta un botón: “cuando tenemos el temor de estar en frente de nuestras casas y ser asaltados...”.

Esta falta de seguridad nos estaría llevando a una grave crisis, que podría tener implicaciones graves en el conjunto de la sociedad, si es que se continúa sin hacer nada.

Es una obligación defender la libertad de expresión, para que no nos ocurra como en el fragmento original del pastor protestante Martín Niemoeller que decía así: “Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”.

Los medios de comunicación y periodistas son los que ayudan a construir un sistema democrático, se dice que los periodistas son el cuarto poder, mas bien diría a título personal que son un contrapoder, y deben ser centinelas de la nación, denunciando siempre los abusos del poder o irregularidades que se cometen, en aras de la democracia.

El papel del periodismo debe estar al servicio de la sociedad, ya que su esencia es la de ser una contraloría social para frenar precisamente los abusos del poder político.

La libertad de expresión es la llave que abre el ejercicio concurrente de todos los demás derechos; si un ser humano no tiene la libertad de pensar y expresarse, tiene perdidos todos los demás derechos.

Es a partir de la capacidad de ejercer la libertad de pensamiento, una libertad de expresión, como los seres humanos pueden articular un catálogo de demandas culturales, económicas, sociales, religiosas, etc., y hasta el infinito.

No puedo dejar de citar a la Organización de los Estados Americanos, en lo que respecta a la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión, específicamente el Principio 9: “EL ASESINATO, SECUESTRO, INTIMACIÓN, AMENAZA A LOS COMUNICADORES SOCIALES, ASÍ COMO LA DESTRUCCIÓN MATERIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS Y COARTAN SEVERAMENTE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ES DEBER DE LOS ESTADOS PREVENIR E INVESTIGAR ESTOS HECHOS, SANCIONAR A SUS AUTORES Y ASEGURAR A LAS VÍCTIMAS UNA REPARACIÓN ADECUADA”

La Comisión ha sostenido que las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el Estado de derecho.

En varias democracias de América Latina existe una debilidad de las instituciones públicas encargadas del control de las conductas y funciones de la autoridad.

En dichos países, la prensa se ha transformado en el principal instrumento de control y difusión del accionar del Estado.

En muchos casos la prensa ha expuesto ante la opinión pública actos ilegales, abusivos o de corrupción de agentes del Estado y como consecuencia de las denuncias, los medios de comunicación y comunicadores sociales terminan siendo blanco de ataque y desprestigio.

El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación tienen dos objetivos concretos.

Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de estas.

Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan tareas de investigación sobre irregularidades en la gestión pública.

Esta práctica busca que la prensa como mecanismo de control guarde silencio o se haga cómplice de aquellas personas o instituciones que realizan actos o hechos abusivos o ilegales.

En última instancia lo que se busca es impedir a toda costa que la sociedad sea informada de estos acontecimientos.

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derecho internacional, los Estados tienen el deber de investigar de manera efectiva los hechos que ocasionaron el asesinato de periodistas y sancionar a sus autores.

La Corte Interamericana ha sostenido que la investigación: Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la renuncia de un Estado a la investigación efectiva y completa del asesinato de un periodista y la falta de sanción penal de los autores materiales e intelectuales resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad.

Este tipo de crímenes no solo tiene un efecto amedrentador sobre los periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilícitos de todo tipo.

El efecto solamente puede ser evitado mediante la acción decisiva de los Estados de castigar a todos los autores de estos asesinatos.

Por esta vía los Estados pueden mandar un mensaje fuerte y directo a la sociedad, en el sentido de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones tan graves al derecho a la libertad de expresión.

Por todo lo mencionado y concluyendo, esta nota no es otra que un llamado a luchar para proteger la libertad de expresión, a fin que esto nos permita a los habitantes de nuestra amada República del Paraguay, tener la información veraz, equilibrada y completa, uno de los requisitos base del funcionamiento de una democracia, y que ante la muerte y asesinatos de compatriotas podamos decir ¡¡¡nunca más!!!.

(*) Abogado y notario público. Docente. Egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Ocupó cargos de director general y director de Asesorías Jurídicas de distintas entidades públicas del Estado, como también asesor jurídico de varias instituciones privadas. Catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNA), de la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA), estudios de especialización en Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Civil, Niñez y Adolescencia, Políticas Públicas, Narcotráfico y otros.