En la madrugada del domingo 27 de enero la ciudad de Santa María, Estado de Río Grande do Sul, Brasil, se produjo un incendio en un lugar de “diversión”, donde estaba abarrotado de jóvenes, que acudieron en masa con el objetivo de disfrutar de una noche de fiesta. El epílogo fue un incendio de grandes proporciones donde perdieron la vida 237 jóvenes (entre ellos un paraguayo) y un gran número de heridos que hoy llenan los centros de terapia intensiva de varios hospitales del Estado de Río Grande do Sul. En el momento del suceso me encontraba en el Brasil y seguí de cerca la información que proporcionaban los medios, obviamente por la experiencia personal que me tocó vivir en el caso Ycuá Bolaños, me propuse realizar un análisis de cómo ocurren estos hechos y las causas, como también las responsabilidades que de manera inequívoca siempre son compartidas entre los constructores del local siniestrado, las autoridades municipales y los propietarios del local, cuyo único objetivo es el lucro en detrimento de la vida y la integridad física de sus empleados y clientes.
El caso Ycuá Bolaños
El domingo 1 de agosto de 2004, en el local del Supermercado Ycuá Bolaños, Botánico, se encontraban un poco más de mil personas, entre clientes y funcionarios. Según conclusiones que hoy adquieren fuerza de certeras, el origen del siniestro se enmarcó en la chimenea de la parrilla del patio de comidas, debido a la falta de mantenimiento y limpieza del mismo. El fuego allí iniciado se fue propagando entre el cielorraso y el techo, pues el local no contaba con extractores eólicos en el techo y una vez colapsada la estructura del techo, esta cedió y el fuego cayó sobre el salón de ventas tomando por sorpresa a las personas que allí se encontraban, quienes desesperados por encontrar las bocas de salida se toparon con la criminal orden de cierre de puertas dispuesta por los dueños del local, supuestamente para evitar robos. Las consecuencias de esta concurrencia de hechos punibles significó lo que el diario ABC Color en su edición del 2 de agosto de 2004 tituló: “Paraguay sufre la peor catástrofe de su historia”. 384 fallecidos, más de 400 heridos entre graves y leves, familias diezmadas con las consecuencias sociales propias del hecho.
Luego de un largo peregrinar, sorteando obstáculos de diversa índole la justicia paraguaya concluyó en tres juicios distintos, en que los responsables penales de los hechos fueron:
El proyectista y constructor del local, Arq. Bernardo Ismachowiez, por ser autor directo del hecho punible de actividades peligrosas en la construcción. Los funcionarios municipales Jorge Gamarra, Rodrigo Castillo y Jesús María Giménez, quienes no cumplieron con su deber legal de controlar que el funcionamiento del local se adecue a las ordenanzas de prevención de incendios. Como recordatorio vale mencionar que el local no tenía una sola salida de emergencia que conectara directamente con la vía pública, ni carteles indicadores de los mismos.
El presidente de la empresa, Juan Pío Paiva, condenado a 12 años de prisión, su hijo y gerente Víctor Paiva a 10 años de prisión por la comisión del hecho punible de homicidio consumado y tentado en grado de dolo eventual, idéntica calificación aplicada al guardia Daniel Areco con una pena de 5 años de privación de libertad. Siendo estos los responsables de la falta de mantenimiento del local, emisores de la orden de cierre de puertas en caso de siniestros y ejecutor de la orden respectivamente. También fue condenado el director de la empresa, Humberto Casaccia, por la comisión del hecho punible de exposición a personas a lugares de trabajo peligrosos.
En síntesis una obra mal diseñada por el proyectista y constructor, no verificada de acuerdo a las normas por las autoridades municipales y la falta de mantenimiento adecuado del local, de parte de los propietarios, quienes además sumaron la orden de cierre de puertas para evitar robos confluyeron en los ya mencionados trágicos números.
República de Cromañón
El 30 de diciembre de 2004 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante el concierto de la banda de rock “Callejeros” en la discoteca de nombre “República de Cromañón” se produjo un incendio que culminó con la triste cifra de 194 fallecidos y 1.432 heridos. El incendio comenzó aproximadamente a las 22 horas con 50 minutos, después de que uno de los asistentes al espectáculo encendiera un elemento de pirotecnia, cuyos proyectiles incandescentes impactaron en una media sombra, una especie de tela de plástico inflamable, que a su vez apoyaba sobre guata recubierta por planchas de poliuretano. Al notar el incendio, los espectadores comenzaron a evacuar el lugar. Sin embargo, esta evacuación no se realizó en forma normal por diversos motivos: la cantidad de personas que concurrieron al recital era mucho mayor que la capacidad del local, una de las salidas se encontraba cerrada con un candado y alambres, los gases tóxicos producto de los materiales inflamables asfixiaron rápidamente a muchas personas y el corte de luz producido al comenzar el incendio.
Las consecuencias políticas de este caso fueron la destitución por juicio político del jefe de Gobierno Porteño, Aníbal Ibarra, y la condena en juicio oral y público del propietario de local Omar Chabán y el organizador del evento Diego Marcelo Argañaráz por la comisión del hecho punible de incendio doloso calificado.
Una vez más se congregaron en la tragedia mortal la inadecuada infraestructura del local, la falta de control de las autoridades y el desmedido ánimo de lucro del propietario y el organizador, pues quedó demostrado en el juicio que la capacidad del local soportaba a 1.031 personas, mientras que en el día del hecho se agotaron las 3.500 entradas puestas a la venta.
Kiss
En la madrugada del domingo 27 de enero, en la discoteca Kiss de la ciudad de Santa María actuaba un conjunto de música en una fiesta organizada por estudiantes de la Universidad Federal de Santa María. Como parte del show de la banda musical se lanzaban elementos pirotécnicos. Al no conocer las características del cielorraso del techo, no imaginaban que allí se iniciaría una gran tragedia. El material de poliuretano resultó ser inflamable y con ello se inició el incendio. Según reportes oficiales se encontraban presentes cerca de mil personas, de las cuales 237 fallecieron y más de 200 resultaron heridas. El local contaba con una sola salida con el agravante que antes de la puerta se encontraba un molinete contabilizador de ingresantes. No existían salidas de emergencia y los materiales de combate al fuego si lo tenían no funcionaron.
De nuevo mal diseño del local, falta de control de las autoridades y desmedido afán de lucro de los propietarios quienes se preocuparon de poner un molinete para contabilizar la cantidad de personas que ingresaban al local, pero no de otorgarles las mínimas condiciones de seguridad.
CONCLUSIÓN
De la relación de hechos ocurridos en los tres episodios relatados concurren igual cantidad de circunstancias coincidentes: 1) Las fallas en el diseño y la construcción del local. 2) La falta de control adecuado de las instituciones encargadas de ello y 3). La falta de mantenimiento de la infraestructura de parte de los responsables de los locales, sumados a decisiones criminales tendientes a asegurar sus ingresos económicos con total desprecio a la vida humana.
Ahora nos queda la gran interrogante, qué tan seguros estamos en los locales que frecuentamos a diario. ¿Se habrán construido adecuadamente? ¿Las entidades del Estado encargadas de la seguridad habrán cumplido su obligación?. ¿Los propietarios y/o encargados del local tendrían al menos un mínimo de respeto hacia al vida de quienes los frecuentan?. Esperemos tener respuestas afirmativas a estas interrogantes y así evitemos que se repita una vez más la historia ya conocida.
Édgar Sánchez Caballero
Agente Fiscal Penal de Asunción.