Hace un mes, la operación Lava Jato cumplía 4 años desde los primeros arrestos, que llevaron a develar el mayor esquema de corrupción conocido en la historia del Brasil, montado bajo el gobierno de Lula da Silva.
Hasta este primer trimestre de 2018 existen 188 condenas contra 123 acusados, incluyendo a la cúpula de las mayores empresas del Brasil en el poderoso sector de la construcción, funcionarios de la gigantesca estatal petrolera Petrobras y a políticos de diversos sectores, incluyendo diputados y senadores federales.
Y, tras 4 años de pesquisas, la Justicia al fin pudo alcanzar al capo di tutti capi de la red de corruptelas, el propio Lula.
Sus partidarios, dentro y fuera del Brasil (ese socialismo filocomunista trasnochado, no la socialdemocracia, vigente en otros lares y en algunos excepcionales países de la región), pretenden presentar cualquier acusación judicial contra uno de sus partidarios como una “persecución política”.
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Esto les lleva a tener que enfrentar el contrasentido de que muchos acusados no solo no son de su línea política, sino que son del “bando “enemigo”, volviendo añicos su eterna y desgastada cantilena de que el “capitalismo imperialista de derecha nazifascista” los persigue.
Así, se da el caso de que los primeros condenados en el caso Lava Jato fueron empresarios. Esos “sucios capitalistas”.
O sea, según los defensores de Lula, en Brasil habría 123 “presos políticos”, principalmente los más grandes capitalistas del país.
Todo esto, sin contar con que Lula da Silva, como uno de los políticos más poderosos del Brasil, pudo maniobrar por años para evitar la cárcel, presionando a quienes podían desenmascarar su participación; como al final ocurrió.
Y, así, fue condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión; pena que fue elevada a 12 años y un mes el tribunal de alzada.
La causa, haber recibido un lujoso departamento (valorado en alrededor de un millón de dólares) de una de las empresas involucradas en la red de corrupción, como pago por las licitaciones amañadas que la beneficiaron.
Y esto no acaba aquí, pues el poderoso político está procesado o investigado en otros 8 casos, todos vinculados a actos de corrupción o el intento de encubrirlos.
Falacia de la candidatura
El argumento de que el juicio contra Lula fue para quitarle de la carrera presidencial es una de las principales falacias esgrimidas.
Las investigaciones sobre su participación directa en el megaesquema de corrupción montado bajo su gobierno se remontan a mucho tiempo antes de que anunciara que pretendía candidatarse a un nuevo periodo presidencial.
De hecho, fue cuando el cerco judicial fue cerrándose en torno suyo, que comenzó a hablar de que lanzaría su candidatura.
Y, a renglón seguido, con toda caradurez, presentar a la investigación judicial como una “persecución” contra esa candidatura.
Y, todo esto coronado con otra falacia: esa de que “Lula lidera todas las encuestas”.
Los grandes partidos no tienen aun candidatos, y las “encuestas” plantean la opción entre Lula y un grupito de supuestos candidatos; semidesconocidos o abiertamente impopulares.
Y, aun así, Lula ronda solo el 35% de preferencia (el voto duro de su facción política). Y, cuando se pregunta si debe estar preso por corrupto y no participar de las elecciones, hasta el 54% considera que así debe ser.
Estos datos los “olvidan” sus partidarios.
Hipócrita defensa
Ninguno de esos “férreos defensores de la democracia participativa”, que buscan presentar como “golpes de Estado” las destituciones o acusaciones contra presidentes de su línea política, dicen nada cuando el destituido o acusado pertenece a otras carpas.
Es que, se revela en cada caso, que no es la democracia lo que les importa, sino la defensa del correligionario, a cualquier costo.
Tan es así, que su “amor a la democracia” solo llega hasta las puertas de la tiranía cubana. Y, dado que la dictadura más antigua y criminal de América es una dictadura comunista, nada dicen en contra de ella.
Si es que, incluso, la defienden.
Condenan las demás dictaduras (como corresponde), pero nunca las de su línea ideológica (como corresponde... a un hipócrita moral). Y, a esto se reduce la “integridad democrática” de esos grupos.
Reveladoras cifras de la investigación
La operación Lava Jato en Brasil inició como un operativo contra firmas que lavaban dinero, y terminó convirtiéndose en el mayor operativo anticorrupción en la historia.
Se calcula el fraude al pueblo brasileño, solo en este caso, de unos 8.000 millones de dólares.
Existen 123 condenados por 188 causas comprobadas, entre empresarios, funcionarios y políticos.
Las penas suman 1.861 años y 20 días.
Hay 101 políticos con fueros especiales que aun están bajo proceso.
Se signaron 139 acuerdos de delación premiada, que permitió llegar a los eslabones más altos de la cadena.
Además, esos acuerdos de delación establecen la devolución de bienes robados en Petrobras por unos 2.700 millones de reales (unos 850 millones de dólares).
El “Ronaldinho de los negocios”
Las acusaciones de corrupción alcanzan a la familia de Lula da Silva. Un caso emblemático del “clan Lula” es el del hijo Fabio Luis Lula da Silva, conocido como “Luliña” quien, de empleado de un zoológico pasó a empresario multimillonario en un par de años, durante el primer mandato de su papá.
Luliña entró a formar parte de una modesta compañía, que al poco tiempo recibió de una gran empresa de telecomunicaciones la suma de 5 millones de reales (1.350.000 dólares) para entrar en esa sociedad.
Ante la sospecha de que se trataría de un pago encubierto de influencias, un periodista preguntó a Lula si no encontraba demasiado generoso el pago hecho a su hijo, en su corta vida empresarial.
Lula respondió: “¿Qué culpa tengo yo si mi hijo es el Ronaldinho de los negocios?”.