Peritarán llamadas por ataque al PLRA

El Ministerio Público tuvo que acceder, finalmente, por disposición de la Cámara de Apelaciones, a introducir la pericia de cruces de llamadas del presidente de la República, Horacio Cartes, y la de su entorno, durante el ataque al PLRA, entre el 31 de marzo y 1 de abril del año pasado.

Los datos llamativos saltaron del cruce de llamadas del entonces comandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo, que reveló las comunicaciones de Cartes, su entorno y otros políticos. Las conversaciones que más llaman la atención son de personas que no tienen que ver con el gobierno, como el empresario tabacalero José Ortiz (que habló 16 veces con Sotelo) y el abogado de Yacyretá Luis Canillas (con 24 comunicaciones).

La fiscala Raquel Fernández se negó en reiteradas ocasiones a pedir los registros telefónicos a las compañías de telefonía celular. Fue sustituida por las fiscalas Teresa Rojas y Marlene González investigan el asesinato.

Los abogados querellantes Guillermo Duarte y Santiago Lovera pidieron a las agentes que redireccionen la investigación penal porque la tesis inicial del Ministerio Público, de ataque al local del PLRA por seguimiento de una turba, no puede ser sostenida con los videos de circuito cerrado.

Estuvieron altos jefes

Para la familia de Rodrigo Quintana, alguien ordenó el ataque coordinado porque de las filmaciones del circuito cerrado de varios locales y de los medios de comunicación presentes se pudo corroborar la secuencia de los acontecimientos.

“¿Por qué se afirma la sospecha de ese ataque deliberado al Partido Liberal? Por las altas autoridades policiales que se hicieron presentes en las inmediaciones de la sede del PLRA. Esto permite sospechar que este no era un mero operativo de contención o represión de manifestantes, como pretendió hacer creer la policía a la ciudadanía”, dice la querella.

Sobre este punto, los abogados indican que estuvo en el lugar el director de la Primera Zona Policial Crio. Prudencio Burgos, quien dependía jerárquicamente del Director General de Orden y Seguridad Crio. Pablo Luis Cantero, quien a su vez se encontraba de guardia en la Comandancia de la Policía junto con el entonces comandante Crio. Críspulo Sotelo. Asimismo, estuvo el director de Apoyo Táctico Crio. Enrique Isasi.

También se encontraban dirigiendo los operativos, en las inmediaciones del PLRA a la hora de los disparos mortales, el jefe de la comisaría 3ª Metropolitana, los comisarios Amado Cantero Godoy y Zacarías Centurión.

El operativo cerrojo

Según la querella adhesiva, el sábado 1 de abril de 2017, a las 00: 21, llegó al local del PLRA en el móvil 71 de contramano, y descendieron el suboficial segundo Arnaldo Báez (imputado por coacción), quien minutos antes estuvo en la Comandancia de la Policía Nacional, donde estaban el entonces comandante Críspulo Sotelo y el comisario Enrique Isasi.

“Este personal policial, que salió evidentemente con instrucciones de las autoridades presentes en la comandancia, al bajarse en la esquina del PLRA (Iturbe y Manuel Domínguez), corrió hacia la puerta principal del PLRA, mientras los otros policías que lo acompañaban disparaban a la oficina del presidente del PLRA, Efraín Alegre; sin detenerse, intentó abrir de un culetazo la puerta que se encontraba cerrada, demostrando una evidente agresividad y evidenciando que actuaba con una orden directa de ingresar al local partidario en busca de sus autoridades”, dice la querella. Además, indica que videos de medios televisivos corroboran que seis agentes armados realizaban disparos. Estos hechos están sustentados también por el circuito cerrado del PLRA.

El operativo premeditado se consumó 50 segundos después –refiere la querella– con la llegada de otro grupo liderado por el comisario Tomás Paredes Palma (imputado) y varios agentes de civil desde la calle Tte. Fariña, que ingresó violentamente por el estacionamiento. La querella también indica que la teoría del Ministerio del Interior –la que sostiene hasta ahora la Fiscalía– cae con todos los videos de circuito cerrado, que descartan que una turba corrió e ingresó al PLRA. Las filmaciones muestran un camión que bajaba hielo y a un grupo de jóvenes que estaba en frente del local de forma tranquila y que ingresa raudamente cuando se percatan de la llegada de la dotación policial.

Cámara ordenó incorporar

El 21 de diciembre del año pasado, la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, ordenó incorporar los registros telefónicos del presidente de la República, Horacio Cartes, y los de su entorno, en el proceso por asesinato del joven dirigente liberal de La Colmena Rodrigo Quintana.

El juez penal de garantías N° 5 Alcides Corbeta había rechazado realizar un control jurisdiccional cuando la querella adhesiva recurrió al magistrado, porque la fiscala María Raquel Fernández (apartada del caso) se negó a pedir los registros telefónicos de Cartes, los del empresario tabacalero José Ortiz y del abogado de Yacyretá Luis Canillas, entre otros políticos.

Estas personas aparecen en reiteradas y llamativas comunicaciones con el entonces comandante de Policía, Crio. Críspulo Sotelo, entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, cuando se produjo el ataque ilegal al local del PLRA.

Solo por insistencia de la familia de la víctima, se logra incorporar el elemento, ya que busca saber quién ordenó el atraco a la sede partidaria, debido a que Corbeta tuvo el criterio de que era el Ministerio Público el que llevaba adelante la pesquisa, y por eso rechazó la solicitud.

Sin embargo, los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez consideraron que el magistrado no fundó debidamente su fallo. “La resolución apelada debió fundarse en la normativa vigente, respetando el precepto legal, no así en la decisión del Ministerio Público...”.

Agregaron que “al actuar de los jueces les rige estrictamente los principios de imparcialidad e independencia y esto significa que los jueces deben actuar libres de toda injerencia e intromisión externa, que pudiera afectar a su imparcialidad”.

En cuanto al control jurisdiccional, la Cámara indicó que está establecido el principio de “amplitud probatoria” en razón del cual, tanto el juez como el tribunal tienen la potestad para admitir todas las pruebas y diligencias que puedan conducir a la verdad, sin que, obviamente esto signifique la vulneración de las normativas constitucionales y procesales vigentes, para apreciarlas mediante la sana crítica. Para los camaristas resultó pertinente realizar cruces de llamadas “ya que los mismos podrían conducir a la verdad y esclarecimiento de los hechos”.

Un solo imputado y preso

Por el homicidio de Rodrigo Quintana, solo está imputado y preso en la Agrupación Especializada el suboficial segundo Gustavo Florentín, quien niega haber disparado esa madrugada tras el ingreso a la sede del Partido Liberal.

El procesado declaró varias veces en sede fiscal y se ratificó en que recibieron la orden verbal de ingreso al PLRA de parte del comisario Amado Cantero, entonces jefe de la comisaría 3ª Metropolitana y hoy premiado como jefe de Prevención y Seguridad de Alto Paraná.

Cantero había declarado en carácter de indagatoria y negó haber dado tal orden.

Florentín también contó que los comisarios Prudencio Burgos y Enrique Isasi ordenaron abandonar el Congreso Nacional, que fue tomado, saqueado y quemado por manifestantes, pese a que había 210 agentes antidisturbios.

También dijo que Isasi –hoy director de Policía del Departamento de Alto Paraná– fue el que le reabasteció con municiones en una ocasión, cerca del Palacio de Gobierno. Reveló, asimismo, cómo intentaron que asumiera la autoría del crimen a cambio de casa y dinero.

Cartes, Ortiz y Sotelo 

Una diferencia de dos minutos existe entre las llamadas de José Ortiz y Horacio Cartes con el entonces comandante de Policía, Críspulo Sotelo, antes del ataque a la sede del Partido Liberal. Ortiz llamó a Sotelo a las 00:04 a.m. y habló por 1 minuto y medio, mientras que Cartes se comunicó a las 00:07 por unos 59 segundos. El ataque al PLRA fue a las 00:21.

Desde Mburuvicha Róga

La pericia del cruce de llamadas del Crio. Críspulo Sotelo, excomandante de la Policía Nacional, reveló que este recibía las comunicaciones en la Comandancia, mientras que Horacio Cartes (en 10 ocasiones), José Ortiz (16) y Luis Canillas (24) las hacían desde Mburuvicha Róga, donde aparentemente funcionaba un “gobierno paralelo”.

No aportar al “morbo”

A pesar de las llamativas comunicaciones, la fiscala Raquel Fernández rechazó pedir a las telefónicas los registros de 21 celulares utilizados por el entorno cartista antes y después del atraco al PLRA. A la agente le pareció “impertinente e improcedente” la solicitud. Dijo que no se iba a prestar a “aportar al morbo” de que se conozcan las comunicaciones del presidente Cartes.

griselda@abc.com.py