Los fiscales y jueces deben ser castigados porque generalmente ellos son los que firman autorizaciones que desbordan en excesos y abusos que terminan en hechos de corrupción, violencia o pérdidas de vidas inocentes, señaló la jurista González durante la audiencia pública con el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, abogado Adrián Salas.

“Los excesos están avalados por un juez o un fiscal que firman las autorizaciones sin observar las garantías que tienen los procesados”, sostuvo la gremialista, quien indicó que los magistrados generalmente olvidan que ellos son garantes del Estado.

“Queremos un mayor compromiso del Jurado” a favor de una transparencia de las tramitaciones de denuncias y procesos promovidos contra los jueces y fiscales acusados de ser responsables de mal desempeño de funciones, expresó la titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.

Al plantear la necesidad de tomar en serio las denuncias contra los jueces, citó el caso de un magistrado que fue filmado vendiendo sentencia, el juez de Caacupé Hernán Franco Villasanti.

Sentencia a G. 500.000

“Le denunciamos al juez Franco Villasanti de Caacupé, un juez de medio pelo, porque en su juzgado se venden mandamientos de secuestro a 500.000 guaraníes”, afirmó.

“Filmamos, comprobamos y elevamos una denuncia ante la Corte Suprema que a su vez remite la denuncia al Jurado de Enjuiciamiento, donde se encuentra hasta hoy”, manifestó, dejando constancia de que el caso sigue impune.

Dijo que “pasa lo mismo en ciudad Presidente Franco, en donde el juez Sergio Rodríguez no trabaja para el Estado sino para una empresa dictando sentencias al por mayor sobre pagarés comerciales”.

Las denuncias fueron hechas como ordenan las disposiciones legales, pero el magistrado acusado sigue haciendo de las suyas, burlándose de la ciudadanía, añadió.

“La realidad es que hoy estamos viviendo un desastre institucional y necesitamos una respuesta rápida”, añadió González. Insistió en la aplicación de medidas efectivas contra los jueces y fiscales corruptos.

Evitar la defensa corporativa

El Jurado debe articular mecanismos para evitar la defensa corporativa que ensayan y llevan a la práctica los magistrados abyectos para evitar las sanciones, refirió Kattya González.

Exhortó a los miembros del Jurado a actuar con patriotismo y honestidad para desalentar los hechos de corrupción y las consecuencias que trae ese mal, arraigado desde añares.

Entendió que muchos fiscales y jueces “no quieren control” porque perderían privilegios y no podrían perpetuarse en sus cargos con el pretexto del derecho adquirido en la administración pública.

Aseguró que la única “esperanza constitucional es el Jurado de Enjuiciamiento”, organismo que posee todas las prerrogativas legales para rectificar rumbos en los tribunales, juzgados y fiscalías del país”.

Reiteró la necesidad de articular mecanismos legales serios para luchar contra las mafias que están empotradas en la justicia.

“Hay que poner en práctica sistemas que permitan combatir y luchar contra los fiscales, jueces y ministros que están agavillados”, dijo.

Esa será la única forma de combatir los vicios que afectan a quienes tienen por misión impartir justicia, sentenció.

Autoridades del Jurado

El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es el abogado Adrián Salas, quien actúa como representante del Consejo de la Magistratura (CM).

El vicepresidente del JEM es el senador Adolfo Ferreiro, del partido Avanza París y representante de la Cámara Alta ante el organismo.

En carácter de miembros están Raúl Torres Kirmser y Gladys Bareiro, ministros de la Corte Suprema.

Igualmente, son miembros de la directiva del Jurado de Enjuiciamiento el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, el senador colorado Óscar González Daher y el diputado también colorado Óscar Tuma. Figura además como miembro Cristian Daniel Kriskovich, representante del Consejo de la Magistratura.

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