El propio ministro del Interior, Dr. Carmelo Caballero, en entrevista con este diario esbozó los lineamientos básicos del proyecto, de manera a encarar con atisbos de seriedad la cada vez mayor desconfianza de la sociedad hacia la tarea de la monopólica fuerza encargada de la seguridad interna de la población.
Pero, ¿qué hacer con nuestra cuestionada Policía Nacional?. Caballero habló de una notoria disminución en el proceso de capacitación policial y sacó a luz una triste realidad: “muchos de los uniformados ingresaron a la Policía buscando trabajo, no por vocación”.
Las necesidades básicas insatisfechas hacen que muchos sectores se vuelvan vulnerables y la desesperación se apodere, principalmente de jóvenes deseosos de incursionar en el ámbito laboral, presentándose a la primera institución que les garantice cierta ocupación y un ingreso mínimo que lo ayude a subsistir.
Ello ocurrió en el ámbito educativo, habilitándose institutos de formación docente en cada esquina, pasó por la Policía Nacional donde era suficiente seis meses de curso rápido para luego tomar un arma y ocupar una comisaría policial, ocurre en la actualidad con carreras como derecho, enfermería e inclusive medicina y otros tantos que funcionan en condiciones deplorables, sin control ni exigencias mínimas, que de ninguna manera garantizan la formación profesional de los postulantes.
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Una sociedad alejada de la Policía, sin confianza, que mira con ojos críticos hacia los uniformados, sin ganas siquiera de denunciar hechos punibles, mucho menos aportar datos que puedan resultar relevantes para una investigación hace que el caos se apodere del sistema y apunte directamente a minar todo el funcionamiento de la institución.
Dividir la actual Policía Nacional, es un primer paso, interesante por cierto, pero sin prejuzgar y menos aún llegar a conclusiones apresuradas e irresponsables, deber ser el inicio de una “cirugía mayor” apuntando mucho más allá y llegar a la regionalización de la Policía Nacional.
La descentralización efectiva de dicho cuerpo actualmente monopólico de la seguridad interna del país debe darse más temprano que tarde, quedando finalmente a cargo de las gobernaciones o de un consejo de seguridad departamental el mando, con la transparencia del perfil de todos los uniformados de cada zona, debiendo ser la foja de servicios información pública accesible a todos los ciudadanos y principalmente a las organizaciones de la sociedad civil, quienes inclusive deben formar parte del citado consejo. Si no se involucra a la ciudadanía real, aquella no representada por burocráticos aparatos, esto seguirá igual, tendiendo a empeorar cada vez más la situación, limitándose la reacción de los órganos de control a una especie de apagafuego mediático.
La masificación de la institución policial es la principal causa del gran nivel de corrupción existente en países mucho más avanzados que el nuestro, apuntado el elemento a un solo problema: la existencia de una “policía única” donde el espíritu de cuerpo prevalece, salvo escasas excepciones donde algunos miembros caen en desgracia, produciendo la huida despavorida de su entorno para no correr la misma suerte.
Crear un cuerpo armado gigantesco como ocurre en la actualidad, similar a las fuerzas militares, en un ambiente de corrupción donde no se premia la capacidad y en el cual sus miembros son instrumentalizados inclusive para tareas atentatorias contra su misma dignidad como las guardias privadas o a fines recaudatorios, igualmente de ninguna manera contribuyen a lograr los objetivos de tan noble institución republicana.
A ello se suma el rol del Ministerio Público en el esquema, ya que lejos de funcionar como un órgano de control de la Policía Nacional, su auxiliar, no pocas veces se producen alianzas no precisamente favorables a la transparencia y eficiencia.
Nuestra bicentenaria Policía a la luz de la doctrina sigue teniendo la característica de ser una fuerza de ocupación territorial.
El modelo estructural sigue tan vigente, no existiendo la real inserción comunitaria de la institución.
Eugenio Raúl Zaffaroni propone transferir inclusive a las intendencias municipales argumentando que es más fácil controlar a tres mil agentes que a veinticinco mil.
La realidad de nuestro país hace inviable aquello. No obstante, cuando a nivel departamental se comienza a hablar del tema, puede comenzar a tomar cuerpo la idea.
Por ello, en coincidencia con el maestro argentino, se debe partir de una policía que existe.
Parafraseándolo, se trata de un barco que deberá ser reparado mientras sigue navegando.
Para ello se deberá trabajar con las remesas más jóvenes, estructurarlo y definir un modelo propio del Paraguay, pero con base en logros de policías de élite en el mundo como la Real Policía Montada del Canadá o Gendarmería Real del Canadá, Scotland Yard de Londres, Bundespolizei (BPOL) de Alemania o las mismas Policías regionales de España.
Igualmente se debe adaptar al cuerpo policial de acuerdo a realidades diferentes.
No es igual la realidad de Concepción con la de Misiones o la de Fuerte Olimpo con la de Encarnación.
El año pasado, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, durante una charla en la Universidad Nacional de Pilar fue mucho más allá: dijo que últimamente la Policía como fuerza única inclusive es protagonista de intentos de golpes de Estado.
Se refería a aquel enfrentamiento entre Rafael Correa y los cuadros policiales hace unos años en Ecuador.
La seguridad democrática, el equilibrio del sistema, el orden republicano y tener una policía altamente especializada en la resolución de conflictos son logros que no se obtienen de la noche a la mañana. Se precisa de una política de Estado que involucre a todos, aún con este primer interesante paso que se está dando.
*Docente Universitario. Juez de Paz.