Según la acusación fiscal, en su carácter de jueza, Ana María Rodríguez firmó órdenes de pagos entre octubre de 2009 y mayo de 2010, luego de tener un relevamiento de las cuentas abiertas a nombre de su juzgado, de parte de la Contaduría General de los Tribunales.
En el escrito presentado, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Aldo Cantero explica la siguiente relación de hechos:
“La señora Ana María Rodríguez, en su calidad de jueza de Paz del Distrito de San Roque, entre octubre de 2009 y mayo de 2010, solicitó en cuatro oportunidades a la Contaduría General de los Tribunales, el estado de las cuentas habilitadas a la orden de su juzgado.
Conforme a los datos brindados por la Contaduría General de los Tribunales, la jueza Ana María Rodríguez confeccionaba listados de cuentas y los entregaba a la abogada Myriam Selva Pérez, quien retiraba además del juzgado órdenes de pago en blanco y las llevaba para luego llenar conforme al listado que le fue facilitado.
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Una vez llenadas las órdenes de pago de puño y letra de la abogada Myriam Selva Pérez, esta las presentaba a la actuaria Lizza Montero o a la jueza Ana María Rodríguez para las respectivas firmas.
De esta manera, entre octubre de 2009 y mayo de 2010, la jueza Rodríguez emitió 934 órdenes de pago a favor de la abogada Pérez, refrendadas por la actuaria Montero, sin que la citada profesional tuviera intervención en los juicios en los que se encontraban habilitadas las cuentas judiciales en el Banco Nacional de Fomento, ni autorización o poder para retirar las órdenes y cheques y efectivizarlos de parte de aquellos que tenían intervención en los diferentes procesos civiles.
Las órdenes de pagos eran emitidas sin que siquiera existiera una resolución judicial que así lo dispusiera. Así también, en el expediente judicial no quedaba glosado un ejemplar de la orden de pago.
Ya con el grupo de órdenes de pago firmadas por la jueza y actuaria, sin firmar constancia de retiro de las mismas, la abogada Myriam Selva Pérez las presentaba en Mesa de Entrada de la Contaduría General de los Tribunales, donde se las procesaba y luego de uno o dos días, los cheques a su nombre le eran entregados a través de la mesa de salida, formando la misma el retiro respectivo.
Ya sea en el mismo día en que retiraba el grupo de cheques de Contaduría o al día siguiente, la abogada Myriam Selva Pérez presentaba el grupo de cheques en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF), para su efectivización.
En total, la jueza Rodríguez emitió 934 órdenes de pago a favor de la abogada Myriam Selva Pérez, quien llegó a efectivizar 933 cheques en ventanilla del BNF, que alcanzan la suma de G. 411.445.553.
Valga la redundancia, se destaca una vez más que los intervinientes en los juicios desconocían absolutamente estos hechos realizados por la jueza, en complicidad con la actuaria judicial. Lizza Montero Knoop y la abogada Myriam Selva Pérez han aceptado y propuesto salidas alternativas de culminación del proceso.
La jueza no dio cumplimiento al trámite previsto en la Acordada N° 279/03, dictada por la Corte Suprema de Justicia, que reglamenta el manejo de las cuentas judiciales. De esta manera, aquellas personas que tenían intervención en los 934 juicios civiles y tenían derecho a extraer los fondos depositados en las 934 cuentas judiciales, han sido víctimas de la conducta de la acusada. Subsidiariamente, el Estado paraguayo sería víctima de los hechos investigados, en atención a la acordada antes mencionada”, se desprende de la imputación penal.
Audiencia preliminar
El juez penal de garantías Rubén Riquelme resolverá en la audiencia preliminar si eleva o no la causa por estafa a juicio oral y público.
El magistrado y el entonces fiscal del caso, Sergio Alegre, llegaron a enfrentar una investigación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al ser denunciados por la jueza Ana María Rodríguez. Luego, fueron absueltos.
La procesada fue desaforada recién en abril de 2012, luego de nueve meses de iniciada su causa por cobro indebido de remanentes de cheques.
griselda@abc.com.py