El acribillamiento de Luis Alberto Lindstron se materializó cuando faltaban dos meses para que se cumpliera el quinto aniversario de su secuestro, acaecido el 31 de julio de 2008 en Tacuatí. En aquella oportunidad, el estanciero fue mantenido en cautiverio por 43 días por elementos del EPP, y sus familiares se vieron obligados a pagar la suma de 130.000 dólares por su rescate.
Desde que se produjo su liberación el 12 de setiembre de ese mismo año, su vida no volvió a ser la misma. No colaboraba con la investigación del plagio y eludía toda entrevista con la prensa, sobre todo si las preguntas formuladas estaban relacionadas con los días en que estuvo en poder de los milicianos del EPP.
Así también, por más que las autoridades le exigían que se movilizara con guardaespaldas que le otorgaba la Policía Nacional, el ganadero siempre se mostró reacio a cumplir esta solicitud. Tanto es así que en muchas ocasiones los mismos agentes asignados a su custodia denunciaron que fueron víctimas de maltratos verbales y que en muchas ocasiones Lindstron se escapaba de ellos para movilizarse solo por su propiedad.
En conversaciones informales con la prensa, Lindstron afirmó que no tenía guardias porque el EPP ya no tenía más nada que sacarle. Explicó en esa ocasión que el grupo armado conocía todos sus pasos y que ni recurriendo a guardias lo iban a parar y fue por ello que optó por seguir su trabajo. Incluso sostuvo que ni los policías ni militares podían hacer frente a la banda criminal.
Sin embargo, y como un gesto de colaboración con las autoridades, el ganadero donó parte de su predio a la Policía Nacional en diciembre de 2011. En ese sitio se habilitó un cuartel para policías especializados en operaciones rurales y especiales.
La muerte de Lindstron conmocionó a toda la comunidad de Tacuatí y puso en jaque a los organismos de seguridad, faltando dos meses y medio para que asuma el nuevo gobierno.
Amenazas constantes
Lindstron se resistía a movilizarse con acompañamiento policial por la zona de Tacuatí, a pesar de las constantes amenazas que recibía del EPP por los desmontes efectuados en su propiedad para sustituirlos por cultivos de soja o campos de pastoreo.
Informaciones provenientes de familiares de Lindstron daban cuenta de que el ganadero pagaba una “cuota” mensual de 4.000 dólares al EPP para salvaguardar su integridad. También decían que estaba obligado a realizar una “donación” en forma constante a comunidades carenciadas.
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