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Las imputaciones y acusaciones de los fiscales de nada sirven porque a pesar de esas rimbombantes acciones los acusados siguen en libertad y hasta dando lecciones o cátedras de honestidad al tiempo que otros se dan el lujo de seguir como legisladores en el Congreso Nacional.
Está el caso del senador liberal Enzo Cardozo, exministro de Agricultura y Ganadería durante el gobierno del presidente Federico Franco, imputado y acusado de ser el presunto cabecilla de uno de los más escandalosos robos en perjuicio de productores primarios o campesinos.
Además de ser senador de la República, el imputado Cardozo es, nada más y nada menos, que ¡miembro del Consejo de la Magistratura!, hasta donde concurre periódicamente para elegir candidatos para cargos de defensores públicos, fiscales y jueces, o sea a personas destinadas a ocupar altos y dignos cargos.
En la Cámara Alta del Congreso también está el senador colorado Nelson Aguinagalde, exgobernador del Alto Paraná, imputado y acusado de haber perpetrado presuntas estafas multimillonarias, según expedientes que están a cargo del fiscal anticorrupción Martín Cabrera, quien actualmente se encuentra estudiando el desafuero del referido legislador.
Otro de los casos emblemáticos judiciales es el que involucra a Efraín Alegre, exministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial, varias veces denunciado pública y formalmente de haberse apropiado de 25 millones de dólares mediante pagos por obras inexistentes y otras irregularidades administrativas.
Algunas de las denuncias contra Alegre habían sido formuladas por el mismo exviceministro de Obras Públicas Leoncio Rojas y el sacerdote Pedro Robadín. A la fecha no se conocen avances sobre las investigaciones en torno a la gestión del citado extitular del MOPC.
En este caso, varios fiscales dicen que analizan evidencias sobre delitos de lesión de confianza, estafa, tráfico de influencias y asociación criminal. El fiscal Aldo Cantero y su colega Liliana Alcaraz habían dicho que decidieron ordenar peritajes de catorce obras realizadas durante la gestión de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas.
Con relación al mismo ministerio, su extitular Salyn Buzarquis también continúa libre y campante pese a haber sido imputado tras ser denunciado de apropiarse de 600.000 dólares americanos en un presunto contrato irregular con una firma extranjera. El caso se encuentra a cargo de la fiscala Victoria Acuña, quien tiene previsto presentar sus escritos conclusivo antes de que termine el mes de diciembre.
Otro de los actuales legisladores imputados por delitos económicos es el diputado liberal Milciades Duré, quien fue acusado y desaforado tras su implicancia en el escandaloso negociado de tierras del Indert por más de 47.000 millones de guaraníes.
Sergio Escobar, expresidente de Petropar durante los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco, también es otro de los exaltos funcionarios públicos que siguen impunes y campantes pese a documentos que lo señalan como el responsable de desvíos y “tragadas” por más de 12.000 millones de guaraníes en perjuicio del mencionado ente estatal. Con ayuda de letrados bien pagados, recientemente Escobar volvió a eludir una nueva rendición de cuentas con la justicia.
Rody Godoy, exministro de Agricultura y Ganadería del presidente Federico Franco, está procesado por lesión de confianza y la audiencia preliminar fijada para el 17 de diciembre próximo fue suspendida para otra fecha que hasta ahora se desconoce.
Junto a Rody Godoy están procesados también el exministro Enzo Cardozo así como los funcionarios Ignacio Acuña, Lidio Esteban Irala, Luis Guillermo Piccardo, Alcira Arzamendia, Maristela Azuaga, Javier Luna Pastore, Gustado Amarilla Fariña y Cecilia López Romero, Ceferino López Romero, Marcial Benítez, Rigoberto Rodríguez, Mario Riveros González, Ricardo Arias Arca, Eligio Centurión, Elva Tomasa Centurión de Riveros, María Lourdes Meza Vielma, Alberto Riquelme y Marcela del Carmen Fleitas.
Rubén Darío Quesnel, ex presidente del Indi, quien fue filmado retirando del Banco de Fomento miles de millones de guaraníes en bolsas simples, es otro de los exaltos funcionarios estatales procesados impunes.
En esa legión de imputados privilegiados está Víctor Bogado Núñez, expresidente de la Caja de Jubilados de Itaipú, quien continúa en total libertad pese a estar imputado y acusado de perpetrar una estafa de 100 millones de dólares en perjuicio de jubilados, la mayoría personas de la tercera edad. Bogado Núñez también es investigado por lavado de dinero.
eruizdiaz@abc.com.py