El martes último la Policía capturó en Mora Cue, Luque, a dos “motochorros” identificados como Julio César Aponte Fariña y Enrique Javier Marecos Aguilar. Ambos tienen 18 años y confesaron haber atacado y baleado a la estudiante del 4° año de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Ruth Camila Cabriza Osorio (22). El golpe se produjo en la tarde del sábado 12 de abril pasado, en el barrio Las Palmeras de Luque. Los delincuentes escaparon con la cartera y el celular de la víctima.
El primero de los sospechosos, Aponte Fariña, cuenta con cinco procesos judiciales, todos por asalto a mano armada, pero nunca fue remitido a la penitenciaría nacional. Sus abogados consiguieron en todos los casos liberarlo con medidas alternativas a la prisión. En tanto que su cómplice, Marecos Aguilar, también posee dos procesos y medidas alternativas.
Ambos jóvenes también entregaron al Ministerio Público el arma, un revólver calibre 22, y la motocicleta que usaban para asestar seguidillas de asaltos callejeros en Luque y algunas localidades aledañas.
Irónicamente, el mismo magistrado Alberto Sosa de Luque, que durante los últimos dos años les otorgó medidas alternativas a la prisión, ahora ordenó la remisión de ambos procesados a la penitenciaría regional de Emboscada.
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Al mismo tiempo el Consejo de Superintendencia de la Corte ordenó que sea auditada la gestión judicial en las causas tramitadas en el juzgado de Luque a cargo del magistrado Sosa y en las cuales fueron beneficiados con medidas alternativas “motochorros” con frondosos antecedentes. La rápida liberación de estos delincuentes generó las sospechas de los altos magistrados.
Los ministros de la Corte Raúl Torres Kirmser y Alicia Pucheta de Correa, como miembros del Consejo de Superintendencia, dispusieron el miércoles la auditoría de gestión judicial.
La revisión de la actuación del juez Sosa se hará específicamente en las causas seguidas a Julio César Aponte Fariña y Enrique Javier Marecos Aguilar.
La actuación del alto tribunal obedecería a la crítica ciudadana a la actuación de muchos magistrados, que en forma rápida y sospechosa liberan a los “motochorros”, que tienen en zozobra no solo a los pobladores de Luque, sino de otros puntos del país.
Llama la atención que los jueces no consideren los antecedentes de los procesados, sobre todo cuando estos cuentan con cuatro o cinco antecedentes penales.
El hecho genera conjeturas y hace presumir que las resoluciones favorables se dictan a cambio de coimas en algunos casos y por la desidia de los agentes fiscales, que no investigan a fondo los hechos y remiten los casos a los juzgados como simples hechos de despojos, señalaron las fuentes.
Pese a estas falencias, es inadmisible que este magistrado en particular no haya tenido en cuenta el peligro que los “motochorros” representan para la población en general, señalaron algunos camaristas.
Sin embargo, esta desidia de la justicia no solamente se da en la ciudad de Luque. El caso es generalizado, por lo que estos delincuentes operan en todo el país con total impunidad y mantienen en zozobra a toda la población.
En muchas localidades aledañas a la capital, las personas ya no pueden salir de sus casas entrada la noche, por miedo a ser atacadas por los “motochorros”. Inclusive, las víctimas ya no denuncian los robos y despojos cometidos por estos delincuentes, debido a que en las comisarías los agentes no les hacen caso y si algunos de estos asaltantes son capturados y puestos a cargo de la justicia, son nuevamente liberados casi inmediatamente, señalaron.
Implicados terminaron por confesar ante investigadores
La confesión de los detenidos Julio César Aponte Fariña y Enrique Javier Marecos Aguilar había permitido confirmar la conexión de ambos con el ataque a la estudiante Ruth Camila Cabriza Osorio.
Esta herramienta había permitido a la fiscala de la Unidad Penal III de Luque, Cynthia Espínola, hilar los primeros elementos para vincular a los dos detenidos en el caso.
La fiscala Cynthia Espínola aseguró que los sospechosos Julio César Aponte Fariña y Enrique Javier Marecos Aguilar confesaron la autoría del crimen y presentaron todas la evidencias, por lo que fueron imputados por el delito de robo agravado y robo con resultado de lesión grave, cuya expectativa de pena carcelaria alcanza los 20 años. Casi todos los golpes asestados por estos delincuentes tienen la misma expectativa de condena, sin embargo, los magistrados con una benevolencia criminal les otorgaron alegremente medidas alternativas a la prisión.
La fiscala Espínola dirigió la pesquisa juntamente con el Crio. Germán Arévalos, jefe de la división Investigaciones de la Policía del área Central.
Duro control en las calles
De acuerdo a algunos jefes policiales, la única medida eficaz contra este flagelo es el control en las calles. Los biciclos indocumentados deben ser sacados de circulación y remitidos a cargo del Ministerio Público o de las autoridades municipales, señalaron.
Mientras que para el Crio. Germán Arévalos, la solución al drama es la modificación del la Ley 608 del Registro del Automotor. “Todas las concesionarias de vehículos deben estar obligadas a vender los biciclos ya con la matrícula registrada a nombre del comprador. Esto facilitará identificar a los propietarios de las motos utilizadas en los atracos callejeros”, recalcó el jefe policial.
brlopez@abc.com.py