SALTO DEL GUAIRÁ (Rosendo Duarte, corresponsal). Cientos de hectáreas de bosques son destruidas cada año en el departamento de Canindeyú para dar paso a la ampliación de parcelas agrícolas. Los desmontes son realizados ilegalmente, pero contarían con la complicidad de las autoridades administrativas del sector, según datos que manejan oenegés que trabajan en la zona.
El departamento de Canindeyú tiene más de 600.000 hectáreas de tierra destinada al cultivo de la soja y otros rubros agrícolas de entre zafras manejadas a nivel de agricultura empresarial. Cada año son abiertas nuevas parcelas de 10.000 hectáreas en promedio, en detrimento de la ganadería, en primer lugar. Un buen porcentaje de esa cantidad, no obstante, es resultado de nuevos desmontes.
Hace una semana, la unidad fiscal a cargo de Lorenzo Lezcano intervino una propiedad privada en la zona de Marangatú, donde está en pleno proceso un desmonte que superaría las 1.000 hectáreas. El inmueble, de más de 10.000 hectáreas, pertenecería de un sudafricano de nombre Adriano Betancourt, según los datos.
En la misma región existen al menos diez focos más de desmonte de distintas dimensiones, que están actualmente en proceso de mecanización. Según fuentes, las propias autoridades administrativas incentivan a los dueños de montes a realizar las deforestaciones “clandestinas”.
Funcionarios del Instituto Forestal Nacional (Infona) y otros entes afines estarían recibiendo a cambio fuertes sumas de dinero.
“Este mismo señor Adriano anduvo por años tratando de conseguir autorización legal para la explotación racional de su propiedad, pero le pusieron trabas en todas las instancias”, refirió nuestra fuente, que pidió el anonimato por temor a represalias.
Según datos, detrás de los desmontes y la formación de nuevas parcelas para la soja están las empresas multinacionales, que financian los trabajos y que cada vez llegan en mayor número a la zona. “Hay muchos recursos para esto porque con la soja se gana mucho dinero”, refirió nuestra fuente.
Letra muerta
Todas las parcelas deforestadas se encuentran comprendidas dentro de área protegida por la Ley Nº 2524/2004 o “ley de deforestación cero”, cuya vigencia rige hasta este año.
Los extranjeros, en especial los dueños de grandes extensiones de tierra, sin embargo, nunca respetaron dicha normativa. Con el pago de coima a los funcionarios encargados de la fiscalización destruyen impunemente miles de hectáreas de bosques año tras año.
El Ministerio Público tiene una unidad especializada para atender delitos contra el medio ambiente. Sin embargo, esta dependencia no hace la diferencia en la región.
Existen serias sospechas de que también los funcionarios asignados a dicha unidad se unieron a la lista de empleados públicos que hacen la vista gorda a los graves delitos contra la naturaleza que en esta zona se cometen a plena luz del día y como si fuese una actividad completamente normal.
La Ley Nº 2524/2004, de deforestación cero señala en su artículo Nº 2 que “a partir de la promulgación de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2013, se prohibe en la Región Oriental realizar actividades de transformación o conversión de superficies con cobertura de bosques, a superficies destinadas al aprovechamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades, o a superficies destinadas a asentamientos humanos, así como la producción, transporte, comercialización de madera, leña, carbón”.