Logro ciudadano, no político

“El caso paraguayo creo que ese uno de los mejores ejemplos en el mundo de conquista ciudadana del derecho de acceso la información; son organizaciones de la sociedad civil, empresas periodísticas y activistas individuales quienes han venido promoviendo la ley por más de una década y fue una trabajo persistente”, resaltó Ezequiel Santagada, coordinador del Grupo Impulsor de la Ley de Acceso a la Información (GIAI).

“El sector político tuvo la astucia de saber leer el momento, pero bajo ningún punto de vista puede atribuirse al paternidad del proceso”, insistió ante el recurrente discurso de este gobierno sobre la iniciativa. Santagada tampoco lo toma como un tema de disputa, sino de entender que esto no debe ser cuestión de un gobierno, más bien apuntar a un política de Estado.

El balance general, pese a las falencias y dificultades, es positivo en estos dos años de vigencia de la ley de acceso a la información pública para para. Esto no implica que se deba avanzar más, principalmente en lo que refiere al financiamiento político.

“Es positiva, creo que mayormente se está aplicando y en eso hay estadísticas que son irrefutables, aproximadamente el 80% de las solicitudes se responden, con diferentes niveles de satisfacción pero se responden y los casos que van a la Justicia en su gran mayoría han sido resueltos favorablemente”, destacó.

Esto no implica que desde el Estado, muchas instituciones insistan en entorpecer al máximo la provisión de datos públicos, uno de los casos más destacados recientemente es el del Consejo de la Magistratura que obligó a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que liberen los puntajes y calificaciones de los postulantes a Fiscal General del Estado.

Esto depende de “un cambio de una cultura de secreto a una política democrática de transparencia. Todavía quedan rémoras del pasado que estamos superando; la ley de acceso a la información no va a cambiar por sí sola está cultura, es una herramienta importantísima, pero no la única. Eso requiere de compromiso político, de activismo ciudadano y tiempo”, remarcó.

Destacó que en estos dos años no encontraron casos de ocultamiento de datos que sea alevoso, pero las instituciones por lo general juegan a no responder, para buscar “cansar” la ciudadano que peticiona su derecho.

La estrategia para trabar “por lo general es no responder y juegan con el hecho que no todos los ciudadanos están dispuestos a acudir a la justicia”, ya sea por pérdida de interés o imposibilidad de afrontar los gastos del proceso judicial.

Desde la puesta en vigencia de la ley en estos dos años se han realizado 7.394 solicitudes, de las cuales 812 fueron dirigidas al Ministerio de Educación y Ciencias, luego de Hacienda, el Ministerio de Salud es el siguiente más requerido. El Ministerio de Justicia lidera, pero sobre todo porque el cualquier dudas que el ciudadano no sepa a quién dirigir, automáticamente se traslada a ese ente.

“Normalmente la gente está interesada en salud y educación, y otra cosa importante es que a inicios de año teníamos solamente 12 municipios adheridos y ahora tenemos 62 o 63”, dijo Santagada, apuntando a otros tema que espera vaya ganando notoriedad es el control a los entes municipales.

Las cifras también resalta que por el momento, este empoderamiento de la ciudadanía con la herramienta de la ley se centra sobre todo en Capital (3.189 solicitudes) y en el departamento Central, entre ellos lidera San Lorenzo con 4.75 pedidos de datos.

“La gente se está empoderando de a poco, sobre todo en Asunción, Central y Ciudad del Este, pero faltaría una apropiación a nivel general, un fenómeno más de zonas urbanas, faltaría en las rurales”, apuntó.

Entre los desafíos centrales que deben ser atendidos en un corto a mediano plazo, Santagada resalta el recurrente y siempre postergado control al financiamiento político. “El primero de todos (los objetivos) sin dudar es el financiamiento político. Necesitamos un financiamiento político mucho más transparente que el que tenemos, porque sino siempre va a estar la sospecha de que las mafias y las organizaciones delictivas van a poder poner gente en lugares preponderantes en el Estado”, destacó.

Esto debe ser parte de un derecho a la información y no solo porque tal o cual ley lo establezca. Igualmente destacó que falta que todos los municipios provean los datos y sobre todo que lo hagan de manera proactiva, es decir, que sin requerimiento publiquen en la web las planillas de salarios y otros gastos sujetos al control ciudadano.

En lo que refiere al también a otros punto discutido, los gastos en Defensa y la lucha en el norte del país contra grupos criminales, consideró razonable el sistema actual mientras se mantenga el control del presupuesto por parte del Congreso. “Estamos dentro de parámetros razonables, no podemos decir que es una especie de cono donde va todo el dinero. Pero si hay que mejorarse los niveles de calidad de la información pública, que se de conocer lo mayor posible y sobre todo entendible”, finalizó.