En el ámbito musical, el compositor y productor Diego Serafini recuerda que en un primer momento la política oficial golpeó directamente la recaudación por derechos de autor. “En un primer período de estos dos años hubo un gran retroceso, principalmente en cuanto a recaudación de derechos”, señaló en referencia al decreto que, bajo la premisa del “turismo de compras”, exoneraba a importadores del canon por copia privada.
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“Esto produjo bajas en las recaudaciones. Hace unas semanas esto se comenzó a solucionar, pero todavía no estamos al 100% respecto a cómo deberíamos estar”, añadió. La rectificación llegó con el Decreto N.º 4145/25, que restableció la protección del derecho de autor, pero el impacto económico aún no se ha recuperado.
La compositora y docente Lizza Bogado advierte que la música necesita políticas de largo alcance y no gestos aislados. “Una política cultural debe ser el resultado de un diálogo y un consenso entre todos los actores. La cultura es lo que somos y hacia donde queremos ir. Valorarla implica primero ponernos de acuerdo acerca de cómo promoverla, visualizarla y por sobre todo generar sostenibilidad en sus manifestaciones. Debemos superar los hechos circunstanciales y construir proyectos de largo alcance. La música es nuestra carta de presentación al mundo y requiere de un consenso que la promocione y enriquezca”, afirma.
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Sobre la reciente declaración de la guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, subraya: “Debemos enseñar a conocerla para amarla. Está ahí pero en la creación de Flores está el ADN de cada uno de nosotros. Belleza, arrullo, kunu’u y por sobre todo una estética que proyecta el país que somos. Debemos comprender el legado de Flores para entender las claves del teko Paraguay”.
En el campo de la danza, las intérpretes y coreógrafas Gloria M. Morel y Paola Ferraro coinciden en que “urge elaborar políticas públicas para la danza”. Critican que, dentro de las llamadas industrias culturales emergentes, el sector independiente de danza queda relegado frente a otros. “¿Dónde queda la diversidad de discursos y relatos, la investigación en danza? Porque sólo vemos prosperidad en las activaciones de productoras de shows y el oficio artístico está mermando”, señalan.
Denuncian precarización, ausencia de una compañía nacional de danza y fondos “ínfimos” en comparación con otras disciplinas. Reclaman una ley de mecenazgo, más financiamiento, organización sectorial y derechos laborales como seguridad social y jubilación. “La danza muchas veces se coloca como un elemento decorativo y no como una entidad propia con un potencial único desde el cuerpo, la creación y la imaginación”, concluyen.
El sector audiovisual muestra una de las pocas experiencias positivas en cuanto a articulación institucional. Ricardo Arriola, director de Átomo, energía creativa, explica que “específicamente en el sector audiovisual se está viviendo el resultado del trabajo colectivo de muchos años. Se construyó una institucionalidad en la que participa activamente las organizaciones del sector, por lo tanto las decisiones tienen conexión directa con los protagonistas del quehacer audiovisual. Esto permitió que el Gobierno pueda encauzar sus acciones en favor del desarrollo de la actividad audiovisual y se ejecuten directivas y fondos para la producción”.
Sin embargo, advierte que este modelo solo prosperará si hay coordinación entre todas las instituciones y se fortalecen los espacios ya existentes. Su prioridad: “Formación, formación y formación. Estamos claramente ante un crecimiento sin precedentes en el sector pero para estar listos, debemos estar formados”.
En artes visuales, el artista y gestor cultural Fredi Casco sostiene que los programas estatales actuales son insuficientes y burocráticos. “La práctica artística implica procesos de investigación y producción, antes de su publicación, que no son apoyados. Y los trámites burocráticos pueden llegar a ser una pesadilla para finalmente recibir montos bastante exiguos para las necesidades de una producción artística”.
Critica la falta de política de apoyo y la dependencia de iniciativas privadas y extranjeras. Incluso, señala que en casos recientes “ni siquiera han accedido a colaborar con el envío de obras a través del servicio de correo diplomático”.
En teatro, la actriz y productora Pili Ortiz describe un escenario de recortes presupuestarios. “Antes, por ejemplo, se cobraban 30 o 40 millones por un proyecto; hoy, apenas se obtienen 15 o 20 millones para una obra de teatro. Es una diferencia muy marcada”, afirma. Advierte que la Ley 4.199/2010 del Seguro Social del Artista sigue sin implementarse, lo que obliga a artistas a depender de rifas o ayudas solidarias para problemas de salud.
También critica la falta de infraestructura técnica en nuevos espacios y la escasa movilidad para obras más allá de Asunción. Considera urgente una ley de mecenazgo para revertir esta precariedad.
En literatura, el escritor Sebastián Ocampos es tajante: “El régimen cartista, ahora con Santiago Peña como presidente, no tiene política cultural... Toda su gestión está determinada por los intereses de su sector estructurado como crimen organizado”. Sobre la Ley del Libro, recuerda que “es insuficiente” y con presupuesto limitado. Plantea como prioridad erradicar el analfabetismo neto y funcional, fomentando la lectura en todo el sistema educativo y medios de comunicación.
La mirada más amplia sobre la política cultural llega con Damián Cabrera, escritor y curador de arte. Afirma que, cuando el gobierno es indiferente, “desarrolla una visión stronista centrada en la folklorización, la trivialización y la neutralización de las potencias poéticas, políticas o comunitarias de las producciones simbólicas”.
Critica que la celebración de la guarania como patrimonio mundial se hizo con un enfoque ahistórico y recuerda la destrucción de bienes patrimoniales en Asunción. Denuncia la intromisión de la Primera Dama en funciones de la Secretaría Nacional de Cultura y la connivencia con capitales privados como Ueno Bank, que —sostiene— promueven un modelo cultural ligado al consumo.
Cabrera alerta también sobre la persecución a espacios culturales independientes y el impacto de la ley de criminalización de organizaciones civiles, que “asfixia las posibilidades de organización ciudadana” y limita proyectos culturales sin fines de lucro.
El balance, visto desde los protagonistas, dibuja un país con talento y capacidad creativa, pero con un Estado que oscila entre gestos aislados, retrocesos y algunas experiencias de articulación positiva. Los reclamos coinciden en una palabra clave: políticas culturales de largo plazo, coordinadas y sostenibles.