Fiscala presenta proyecto de ley para aumentar penas a funcionarios corruptos

La fiscala de Ciudad del Este Estela Mary Ramírez presentó un proyecto de ley que propone aumentar las penas a los funcionarios públicos y sus cómplices involucrados en casos de corrupción.

Propuesta legislativa para endurecer penas contra hechos de corrupción.
La fiscala Estela Mary Ramírez entregó el proyecto de ley al diputado Jorge Brítez (independiente).ABC COLOR

La agente entregó la propuesta legislativa al diputado Jorge Brítez (independiente), quien presentará el proyecto este lunes en la Cámara Baja.

En su exposición de motivos, la fiscala resalta que la ciudadanía es la víctima de los hechos de corrupción cometidos por un funcionario, ya que repercute directamente en el desarrollo económico, educativo, sanitario, cultural y en la seguridad pública.

“Además, muchas veces la corrupción es un instrumento utilizado por la criminalidad organizada con la finalidad de materializar su propósito, por lo que la corrupción puede tener consecuencias mucho más graves que la simple decepción de la confianza ciudadana y el daño al erario público”, reza una parte del argumento de la propuesta.

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En el proyecto de ley se amplía la definición del funcionario para incluir a todo aquel que cumpla una función pública, independientemente de si percibe o no remuneración del Estado. Por esta falta de precisión, el juez Marino Méndez, en primera instancia, y los camaristas Isidro González, Miryan Meza de López y Stela Maris Zárate, en segunda, archivaron una causa contra el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) por enriquecimiento ilícito al alegar que la asombrosa prosperidad económica del senador fue cuando se desempeñaba como asesor ad honorem de la Municipalidad esteña.

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La fiscala propuso aumentar la pena para los hechos de lesión de confianza hasta 15 años de prisión cuando el ilícito involucre a un funcionario público. En la normativa actual, la sanción asciende hasta a cinco años y permite que el responsable obtenga salidas procesales o medidas menos gravosas, pese al daño ocasionado a la sociedad.

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En el proyecto igualmente se establece un incremento de la pena de 3 a 8 años de prisión en casos de cohecho pasivo (coima), mientras que en los hechos de cohecho grave la sanción aumenta de 10 a 15 años.

También se pretende endurecer la pena contra los particulares implicados en la corrupción pública. Para el soborno se propone un aumento de la sanción de 2 a 8 años.

La fiscala Ramírez, que intervino en la última parte del proceso al exgobernador y exsenador Nelson Aguinagalde (ANR, cartista), sostuvo que gracias a las bajas penas previstas para casos de corrupción el exparlamentario consiguió extinguir su causa, pese a las evidencias que comprobaban irregularidades en obras en escuelas de Alto Paraná.

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El diputado Brítez anunció que este lunes presentará el proyecto legislativo en la Mesa de Entrada de la Cámara Baja. “La corrupción existe porque la gente también ofrece soborno a los funcionarios”, recalcó el diputado independiente.

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