Los agricultores Cayo Alfonzo, Alberto Notto Villar y Pedro Rufino Torras obtuvieron una medida judicial para recuperar sus lotes comprados del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra en la década de 1990.
El mandamiento de restitución del inmueble fue dictado el pasado 24 de agosto por el juzgado civil y comercial de Itakyry, a cargo de la jueza Emylce Giménez, en el marco de una demanda de interdicto de retener la posesión planteada por los colonos.
El 25 de agosto, la orden judicial se comunicó al comandante de la Policía, comisario Luis Arias Navarro, y a la Dirección de Policía de Alto Paraná, a cargo del comisario Silvino Leguizamón.
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El juzgado solicitó el comisionamiento de policías para acompañar al oficial judicial Anivaldo Brítez para dar cumplimiento al mandamiento de restitución de inmueble.
“Hasta la fecha el comandante no nos da una respuesta a nuestro pedido”, dijo la abogada Michelle Bettancourt, representante de los dueños de las parcelas.
Los lotes de los agricultores se encuentran ocupados por integrantes de la comunidad indígena Ka´a Poty desde el pasado 14 de agosto. Los nativos se instalaron en la colonia habilitada por el Indert en base a una resolución de la jueza Magalí Zavala.
El Instituto Paraguayo del Indígena reclama judicialmente la finca 1.628, de 1.364 hectáreas, ubicada entre los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, que supuestamente abarca seis lotes de la colonia Tape Yke.
La jueza Zavala admitió la demanda y entregó provisionalmente la finca a la comunidad indígena.
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La presencia de los aborígenes en los lotes es considerada como una invasión por los agricultores, que denunciaron el caso ante el Ministerio Público. Los colonos también denunciaron a los nativos por la supuesta destrucción de la zona boscosa de la zona.
Una mensura judicial de 1995 y un informe técnico del Indert indican que las tierras reclamadas por el Indi pertenecen a los agricultores de la colonia Tape Yke.
El fiscal adjunto Humberto Rosetti conformó un equipo fiscal, compuesto por Natalia Montanía, Alfredo Acosta Heyn, Olga Melgarejo y Carlos Almada, para la investigación de las denuncias.