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Los afectados son seis pequeños productores rurales, quienes se encontraban afincados en sus tierras desde hace más de dos décadas tras comprar las parcelas del Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra).
Según los antecedentes, en 1994, el entonces IBR (Instituto de Bienestar Rural) adquirió de Battista Lozzio las fincas 12 y 13, con una extensión total de 432 hectáreas y 9.966 metros cuadrados, para la habilitación de una colonia agrícola.
Tensión en Itakyry por supuesta invasión
En los años posteriores, el IBR inició el proceso de colonización con la venta de las parcelas a los agricultores. Los pequeños productores se instalaron en la nueva colonia y empezaron a dedicarse a la agricultura y el engorde de animales de consumo.
Los agricultores jamás se imaginaron que el sueño de trabajar en la propia tierra se convertiría en una pesadilla.
Indígenas retornan a Itakyry y se desata tensión
<b>Indígenas ingresaron a la propiedad</b>
El drama de los productores se inició en agosto de 2018, cuando un grupo de indígenas liderados por Teodoro Ramírez ingresaron a las propiedades de la colonia. Luego, los invasores se retiraron del lugar al darse cuenta de que los lotes estaban titulados a nombre de los ocupantes.
En 2019, un grupo de indígenas encabezado por Marta Díaz Goncalves irrumpieron nuevamente en los lotes de los agricultores.
Luego de un peregrinaje ante las instituciones públicas para proteger sus propiedades, los colonos consiguieron un amparo judicial firmado por la jueza Emylce Giménez, en julio de 2021, por el cual se prohibía a Díaz Goncalves y a cualquier otra persona acercarse a los lotes en un radio de 100 metros.
Retrasan desalojo de propiedades de Itakyry
Sin embargo, en agosto pasado, los agricultores fueron sorprendidos con una resolución judicial emanada por la jueza Magalí Zavala, en el marco de una demanda de reivindicación promovida por el Indi (Instituto Paraguayo del Indígena).
Jueza falló en contra a pesar de los títulos de propiedad
La jueza Zavala ordenó como medida provisoria la restitución a la comunidad indígena Ka’a Poty de una finca de 1.364 hectáreas. Extrañamente, parte del extenso inmueble abarca las parcelas de seis agricultores de la colonia Tape Yke, pese a que sus propiedades cuentan con los títulos inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos.
Uno de los afectados es el agricultor Alberto Notto Villar. Él es propietario del lote de diez hectáreas y 9.585 metros cuadrados, individualizado con el padrón 1.980, según consta en el registro del Servicio Nacional de Catastro.
Al igual que Notto Villar, los demás agricultores de la colonia Tape Yke tienen sus títulos de propiedad.
La abogada Michelle Bettancourt, representante de dos afectados, dijo que algunos propietarios se rehúsan a abandonar sus parcelas, mientras que otros han salido de la colonia por temor. “La mayoría son personas de avanzada edad los agricultores”, expuso.
Tierras denunciadas como inexistentes
En 2019, la entonces presidenta del Indi Ana María Allen denunció ante el Ministerio Público la compra de una supuesta finca que solo existe en los papeles.
La denuncia se refería a la finca 1.628, de 1.364 hectáreas de extensión, cuya supuesta ubicación se encuentra entre los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná. Es el mismo inmueble que ahora reclama el Indi mediante la demanda de reivindicación y que aparentemente se encuentra superpuesta a las propiedades de los agricultores de la colonia Tape Yke.
Intentamos comunicarnos vía telefónica con el presidente del Indi, Édgar Olmedo, pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción se encuentra abierta para escuchar su versión.