Juez ordena prisión de cinco policías imputados por extorsión y rapto

El juez Carlos Vera Ruiz ordenó la prisión preventiva de cinco agentes policiales que están imputados por privación ilegítima de libertad. Mientras que una sexta implicada deberá guardar arresto domiciliario, pues tiene un hijo lactante.

La oficial Karina Caballero ya había sido investigada por el saqueo de U$S 100.000 a ciudadanos taiwaneses, durante el inicio de la pandemia.
La oficial Karina Caballero ya había sido investigada por el saqueo de U$S 100.000 a ciudadanos taiwaneses, durante el inicio de la pandemia.

Los seis policías del Departamento de Homicidios de Alto Paraná procesados son sindicados de raptar y extorsionar a una mujer que tenía una condena en España.

Los uniformados habrían solicitado unos U$S 100.000 para evitar que la misma sea detenida y extraditada a España, donde soporta una condena de 7 años de cárcel por trata de personas.

El fiscal antisecuestro Alberto Torres, quien tiene a su cargo la investigación, presentó imputación contra los uniformados por los hechos de privación de libertad y extorsión.

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Los imputados son la oficial primero Karina Caballero Giménez (31), el oficial ayudante Diego Fernando Ayala Mallorquín (27) y los suboficiales Éver Raúl Aquino (44), Rafael Silvero Bogado (37), Hugo Arnaldo Báez Zalazar (35) y Alfredo Báez Zalazar (27).

La primera nombrada fue beneficiada con arresto domiciliario porque tiene un hijo pequeño que amamanta, mientras que los demás cuentan con pedido de prisión preventiva, según lo determinó el juez Carlos Vera Ruiz.

El caso

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 3 de noviembre pasado, a las 9:00 aproximadamente, en las inmediaciones del supermercado Gran Vía del barrio Remansito de Ciudad del Este.

En aquella oportunidad, la víctima Reinalda Santa Cruz Brítez circulaba en un automóvil Toyota, de color rojo, cuando fue interceptada por los agentes policiales, que estaban de civil y se movilizaban en una camioneta, de color gris.

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Los intervinientes le manifestaron a la mujer que el vehículo en el cual se desplazaba estaba supuestamente denunciado como robado, siendo luego trasladada hasta la base del Departamento de Homicidios. Una vez allí, le indicaron que tenía captura internacional.

Luego, llegaron al lugar la pareja de la víctima, Juan Antonio Pérez, y el abogado de la familia, Abdo Escobar Burgos. En presencia de los mismos, los intervinientes plantearon supuestamente llegar a un acuerdo, solicitando presumiblemente la suma de U$S 100.000 por la liberación de la mujer y amenazaron que si no pagaban la misma sería extraditada a España.

La afectada les dijo que no tenían el dinero y que hagan lo que tengan que hacer. Allí, los agentes presuntamente le esposaron y tomaron fotografías frente a un cartel con el logotipo de la Policía Nacional y con la descripción del Departamento de Homicidios.

Bajaron sus pretensiones

No obstante, posteriormente, los policías supuestamente bajaron sus pretensiones a 10.000 euros, monto que en el extranjero intentó realizar a través de una transferencia del banco Sabadell de España a una cuenta bancaria proporcionada por los agentes del orden, correspondiente al Banco Familiar a nombre de Felipe S.R.L.

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Pero la transferencia fue rechazada y la cuenta bloqueada por seguridad, no pudiendo cumplir con lo supuestamente exigido por los miembros de la fuerza pública. Posteriormente, la mujer cambió de abogado y decidió radicar la denuncia sobre el hecho, en fecha 17 de noviembre de 2022.

Tras la comunicación al Ministerio Público, el fiscal Alberto Torres requirió, oficio mediante, al jefe del Departamento de Homicidios la nómina de los efectivos policiales que estuvieron cumpliendo funciones el 3 de noviembre pasado.

El 21 de noviembre, el representante del Ministerio Público recibió la contestación del pedido de informe con los nombres de los agentes, por lo que ordenó la detención preventiva de todos ellos y finalmente formuló la imputación correspondiente.

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