Comunidad jurídica del Alto Paraná pide al fiscal general investigar y desmantelar red de universidades de garaje

Ante la supuesta falsificación de títulos universitarios de integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Comunidad Jurídica del Alto Paraná se pronunció al respecto. Exige a las autoridades y especialmente a los operadores de justicia que el norte de sus acciones sean el profesionalismo y la independencia técnica y política.

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Agrega que es la única manera de recuperar la confianza y colocar al sistema de justicia en sitiales de respeto y deferencia. Específicamente, realizan tres pedidos puntuales.

En primer lugar, insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a presentar una denuncia penal contra todas las personas involucradas en la expedición de títulos universitarios falsos, o sea, aquellos alumnos que no cursaron la carrera.

Al fiscal general del Estado

También requiere al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la apertura de una investigación a los efectos de desmantelar la supuesta red que aglutina a universidades de garaje, calificándolas de cómplices de las entidades rectoras. En este punto, enfatiza, “sin importar quién caiga”.

Por otra parte, pidió al Congreso, en su compromiso con el Estado de Derecho, designar como representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a personas idóneas para el cargo. “Entiéndase munidos del decoro, profesionalismo y que sus acciones encuentren como único fundamento y respaldo el derecho, la justicia y que estén alejadas de cualquier otro tipo de injerencias”, detalla.

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Una serie de dudas surgen sobre la validez del título universitario del senador Hernán Rivas, extitular del JEM. Al ser cuestionado, el parlamentario nunca supo responder sobre sus profesores, quiénes fueron sus compañeros de clase, su asistencia e incluso sobre su tema de tesis para la conclusión de su carrera universitaria.

Está situación desnudó un esquema de títulos falsos otorgados por universidades de garaje, cuyos supuestos egresados estarían ocupando cargos en distintas instituciones públicas, como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y otros.