La segunda reunión de coordinación del operativo Ágata Frontera Oeste II contó con la presencia de representantes de varias instituciones, entre ellas la armada brasileña, el ejercito, la la fuerza aérea, la Policía Federal, la Receita Federal, la Policía Rodoviaria Federal (PRF), la Agencia Brasileña de Inteligencia, la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Civil, la Policía Militar, entre otros.
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Durante la evaluación destacaron la incautación de drogas por un valor de 64 millones de reales, más de 40,6 millones de reales en contrabando y 5 millones de reales en cigarrillos de diferentes marcas que fueron fabricadas por tabacaleras paraguayas.
La operación Ágata que moviliza a 800 militares que trabajan coordinadamente con las fuerzas policiales, se extenderá hasta mayo de 2024. El objetivo reprimir el contrabando, tráfico de armas y de drogas, principalmente en zonas fronterizas con Paraguay.
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El Comando Operacional Oeste tiene como principales misiones intensificar las acciones en los puestos de bloqueo terrestre y fluvial, patrullaje mecanizado y motorizado, control aéreo y puestos fijos como los que tienen en la cabecera del Puente de la Amistad y el municipio de San Miguel de Iguazú, a unos 40 kilómetros de Ciudad del Este, donde los vehículos son sometidos a rigurosos controles.
Las acciones también incluyeron el levantamiento georreferenciado en los puertos clandestinos que operan a orillas del lago de Itaipú y el río Paraná para atacar las estructuras logísticas de los traficantes y contrabandistas. Esto teniendo en cuenta que gran parte de los productos que salen de las ciudades fronterizas paraguayas son enviados al Brasil por agua.
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En cada edición de la Operación Ágata, que se realizada desde hace varios años, entre los productos más incautados figuran las drogas, productos electrónicos y cigarrilos, en su mayoría de marcas fabricadas por Tabacalera del Este, propiedad del expresidente de la República, Horacio Cartes.
Esta vez, el operativo fue desplegado por el Gobierno de Luis Inacio Lula da Silva ante el aumento sostenido de la violencia en las grandes ciudades brasileñas.