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En julio de 2022, el concejal municipal de Presidente Franco, Hugo Mendoza (ANR) había solicitado a la Contraloría General de la República (CGR) la realización de auditaría en la Municipalidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 de la gestión de la ex intendente interina Julia Ferreira (liberocartista) y del actual intendente Roque Godoy Jara (liberocartista).
En su presentación, el edil solicitante entregó igualmente el balance general analítico y el dictamen en minoría de la Junta que contiene las razones para el rechazado de la ejecución presupuestaria del período 2021. La rendición de cuentas había sido aprobada por la mayoría oficialista en la Legislatura distrital.
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En 2021, la Municipalidad franqueña ejecutó en egresos G. 41.025.992.348, mientras que los ingresos ascendieron a G. 29.852.488.512, lo que arroja un déficit de G. 11.723.503.836, según los documentos remitidos en su momento por el intendente a la Junta.
Según el edil solicitante, el jefe comunal no había remitido los documentos respaldatorios de la ejecución presupuestaria como copias de depósitos bancarios, liquidación de ingresos tributarios y no tributarios, entre otros.
La asesora externa de la Comuna, Magdalena Montiel, había sostenido que los papeles de la ejecución presupuestaria de 2021 se encuentran en regla.
Dudas en pago por inmueble
Por su parte, los concejales municipales de Hernandarias Nilda Venialgo de Serafini (ANR) y Germán Ibarrola Ozuna (PLRA) presentaron una denuncia ante la Contraloría contra el intendente Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista) por una supuesta compra fraudulenta de un terreno por G. 3.900 millones.
Los denunciantes comunicaron al ente contralor que el intendente Cano Ozuna pagó G. 3.900 millones a los representantes de la Iglesia de Dios en el Paraguay por un terreno de 1.075 m2, colindante al predio de la Municipalidad de Hernandarias.
Según los ediles, solo 100 m2 del terreno comprado pertenece a la iglesia y el resto del inmueble forma parte de la propiedad municipal. En el inmueble en cuestión había sido construido un polideportivo.
En 2017, el entonces intendente Rubén Rojas (ANR) firmó un acta de compromiso con los representantes de la Iglesia de Dios en el Paraguay para la compra de 100 m2 del terreno afectado por la obra del polideportivo por G. 100 millones. Incluso se convocó una licitación para la adquisición de los 100 m2.
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Tras la asunción del intendente Cano Ozuna aparecieron nuevos representantes de la iglesia encabezados por José Carlos Fleitas Vera y alegaron que el terreno afectado por la obra no era 100 m2, sino 1.075 m2. Finalmente cobraron G. 3.900 millones del presupuesto municipal.
El intendente Cano había defendido el pago alegando que era una solución para no exponer a la Comuna a una millonaria demanda.
A más de un año de la presentación de los pedidos de auditoría, la Contraloría aún no se aclaró los casos de supuestas irregularidades denunciadas.