El Tribunal de Apelación, especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, conformado por Digno Arnaldo Fleitas Ortiz, Arnulfo Arias Maldonado y Bibiana Teresita Benítez Faría, estudió la recusación de la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contra el juez penal de Garantías, Humberto Otazú.
Como argumento para la separación de la causa, la defensa había referenciado que supuestamente el juez Otazú es compadre de la diputada Rocío Abed y el actual director paraguayo de la Itaipú Binacional Justo Zacarías Irún, siendo este hermano de Javier Zacarías Irún, “enemigo declarado” de Prieto.
“Es una grave irregularidad procesal que genera sospecha de falta de imparcialidad sobre el juez y es causa suficiente para dar lugar a la presente recusación”, había alegado en su momento la defensa del jefe comunal. Entretanto, el juez Humberto Otazú negó la existencia de la causal.
Finalmente, el Tribunal resolvió no hacer lugar a la recusación, confirmando así al magistrado en la causa, quien ahora en adelante podrá fijar una fecha para la audiencia preliminar, a fin de dar continuidad al proceso.
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Investigación por lesión de confianza
Las diligencias se desarrollan en el marco del caso conocido como Tía Chela, en que el intendente Miguel Prieto está siendo investigado por el Ministerio Público por la presunta compra fraudulenta de alimentos, en el 2020, durante la pandemia. El proceso penal es por la figura de lesión de confianza.
La imputación refiere que esta situación ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000. La compra de los alimentos se realizó a través de una licitación adjudicada, por vía de la excepción, a la empresa Tía Chela SRL.
La Fiscalía solicitó arresto domiciliario de Prieto y otros diez imputados en la causa.