El exministro de Seprelad, Carlos Arregui, comentó que de ser necesario irán hasta las instancias internacionales en caso de que la Cámara no ponga orden en la investigación que hizo Néstor Coronel contra su persona y varios colaboradores del expresidente Mario Abdo Benítez. Manifestó que tienen los recursos para una apelación y lo van a realizar.
La audiencia preliminar en la que se tenía que resolver si los exfiscales Hugo Volpe y Armando Cantero van o no afrontar juicio oral y público por supuestamente haber recibido regalos del narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, prevista para hoy, se pospuso por tiempo indefinido. Fue a pedido del fiscal Diego Arzamendia.
El juez Humberto Otazú, quien lleva los procesos abiertos contra el intendente de Ciudad del Este, el opositor Miguel Prieto, por supuesta lesión de confianza y otros delitos, admitió que una de las principales críticas del jefe comunal, la diputada cartista Rocío Abed, es madrina de su hijo y tiene una larga relación de amistad con su esposa. Sin embargo, afirmó que ya se planteó su recusación y un tribunal de apelaciones lo confirmó en el caso, y negó que su imparcialidad esté comprometida.
Argumentando indefensión del Estado, en calidad de víctima, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Justicia que revoque la sentencia que condenó a siete personas a 2 años con suspensión de la ejecución, por un caso de contrabando de artículos de electrónica por US$ 52 millones. La leve condena fue otorgada a cambio de una donación de G. 400 millones.
El coronel Luis María Belotto Quiñónez y su esposa Alba Lidia Ale de Belotto afrontarán juicio oral y público por supuesto soborno agravado, debido a que intentaron hacer llegar un celular a Miguel Ángel “Tio Rico” Insfrán Galeano, a su celda en la cárcel militar de Viñas Cue. En la audiencia preliminar los fiscales del caso se habían allanado al procedimiento abreviado para el matrimonio, pero el juzgado se opuso.
CIUDAD DEL ESTE. La Cámara de Apelaciones rechazó la recusación presentada por la defensa del intendente Miguel Prieto y confirmó al juez Humberto Otazú, que atiende la causa por lesión de confianza en el caso Tía Chela. El jefe comunal había alegado que el magistrado tenía nexos con el clan Zacarías.