La abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola enfrenta cargos por los delitos de apropiación y estafa tras ser imputada por el fiscal Osvaldo Zaracho por supuestamente despojar a una víctima de la dictadura stronista de su indemnización.
La abogada había sido denunciada en la Fiscalía de Ciudad del Este por Esteban Gómez Rojas, quien fue adjudicado con una indemnización de G. 220 millones por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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La queja menciona que el 24 de septiembre pasado, la millonaria indemnización en efectivo fue retirada de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de Minga Guazú. Sin embargo, el dinero no terminó en poder del beneficiario.
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El afectado relató en su declaración ante la Fiscalía que la abogada denunciada lo buscó en su domicilio el pasado 24 de septiembre para realizar un supuesto trámite en el BNF que agilizaría el cobro de la indemnización. Una vez dentro de la entidad bancaria, la abogada pidió a Gómez que firmara dos formularios.
Abogada retiró el dinero
Luego, el cajero puso sobre la mesa la millonaria suma de la indemnización en efectivo, y la abogada habría tomado el dinero para guardarlo en un maletín.
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Seguidamente, la abogada llevó nuevamente a Gómez a su domicilio y le habría prometido enviarle el dinero de la indemnización en los próximos días.
Sin embargo, el afectado luego se percató de que su indemnización ya había sido cobrada, por lo que reclamó a la abogada. Tras el reclamo, Gómez solo recibió la suma de G. 15 millones vía remesa.
El fiscal Zaracho resolvió la imputación de la abogada Anzoátegui Rivarola, tras recibir el informe del BNF y la grabación del circuito cerrado de la entidad bancaria que muestra cuando la procesada llevaba el dinero.