La acusación fue presentada por la fiscal Vivian Coronel por la presunta comisión de múltiples hechos punibles graves, y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
El acusado, de 31 años, enfrenta cargos por abuso sexual en niños, actos homosexuales con personas menores, violación del deber del cuidado o educación, coacción sexual y violación, además de trata de personas.
De acuerdo con el requerimiento conclusivo, el sospechado habría utilizado su posición dentro del referido culto para captar y someter a varias víctimas —niños, adolescentes y adultos— a un régimen de servidumbre, trabajo forzoso y constantes maltratos físicos y psicológicos.
El relato de hechos señala que, desde diciembre de 2022, en una vivienda ubicada en el Área 6 de Hernandarias, el procesado habría coaccionado a una de las víctimas adultas a soportar actos sexuales bajo la apariencia de rituales religiosos, recurriendo a amenazas y al uso de la fuerza.
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Asimismo, entre 2023 y 2024, en distintos inmuebles situados en Hernandarias, Minga Guazú y Ciudad del Este, el encausado habría captado y retenido a varias personas, a quienes obligaba a realizar trabajos domésticos y tareas pesadas sin remuneración, bajo amenazas de muerte o de daño a sus familiares.
El documento añade que el acusado presuntamente sometía a las víctimas a condiciones degradantes, incluyendo privación de alimentos, restricciones de comunicación y castigos físicos con objetos como arreadores, machetes o colillas de cigarrillo.
En relación con las víctimas menores de edad, el Ministerio Público expone que los hechos se remontan al año 2018, cuando una niña de 12 años fue llevada a convivir con el acusado mediante engaños, siendo posteriormente sometida a un régimen de servidumbre y a reiterados maltratos.
El documento describe además la presunta comisión de actos sexuales en su perjuicio cuando tenía 13 años.
Igualmente, la investigación refiere agresiones sexuales contra otros menores, incluyendo a un niño de 9 años y a un adolescente de 15 años, ocurridos entre 2020 y 2021, en diferentes inmuebles vinculados al acusado.
Por otra parte, en enero de 2025, se habría verificado la violación del deber de cuidado respecto a una niña de 2 años, quien fue expuesta a rituales prolongados en un ambiente cerrado, con presencia de consumo de alcohol y tabaco, en condiciones consideradas perjudiciales para su desarrollo integral.
Fiscalía reunió importantes pruebas
La acusación fiscal se sustenta en diversos elementos de convicción, entre ellos declaraciones testificales de las víctimas, actas de allanamiento, informes médicos forenses, evaluaciones psicológicas, pericias técnicas y testimonios de profesionales intervinientes.
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En base a estos antecedentes, el Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios sobre la existencia de los hechos y la participación del acusado, por lo que solicitó al Juzgado Penal de Garantías la apertura de juicio oral y público.
La identidad del procesado se mantiene en reserva para preservar la identidad de las víctimas que son menores edad y una de ellas incluso su hija.