Así lo indicó el Ministerio de Ambiente en un comunicado difundido este jueves en el que puntualizó que la medida "se enmarca en la responsabilidad del Estado de proteger la fauna silvestre y conservar la biodiversidad, adoptando decisiones que contribuyan a preservar las especies y el equilibrio natural de los ecosistemas".
Asimismo, puntualizó que la normativa vigente establece que las decisiones vinculadas a la caza de fauna silvestre "deben sustentarse en estudios poblacionales que permitan definir condiciones compatibles con la conservación de las especies y de los ecosistemas".
"Los antecedentes y análisis técnicos realizados identifican que factores como la pérdida de hábitat y la actividad de caza pueden representar riesgos para la conservación de estas poblaciones. En este sentido, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos concluyó que la información actualmente disponible no permite establecer condiciones que aseguren que la extracción mediante caza deportiva pueda desarrollarse de forma sostenible", subrayó.
Por otro lado, la cartera indicó que, en línea con lo establecido en el decreto y con los requisitos técnicos vigentes, continuará fortaleciendo el conocimiento sobre estas especies, "incluyendo su distribución geográfica actual e histórica, sus movimientos en el territorio, las tendencias poblacionales, las tasas de reclutamiento y los efectos de la actividad de caza sobre las poblaciones y los ecosistemas".
"Proteger la fauna silvestre requiere decisiones responsables, respaldadas por evidencia y orientadas a garantizar la conservación de nuestra biodiversidad", finalizó.
El ministro de Ambiente uruguayo, Edgardo Ortuño, compartió el comunicado en su cuenta de X e indicó que la decisión "es resultado de un proceso de análisis de la evidencia técnica disponible y de diálogo y escucha" con organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la protección de la biodiversidad.