La abogada Teresilde Fernández, una de las fiscalas que trabajan en esta comunidad, valoró el trabajo realizado para que dos personas acusadas por diferentes causas sean condenadas a penas privativas de libertad a pesar de la precariedad en que realizan sus labores.

Dijo que la semana pasada el Ministerio Público pudo probar la culpabilidad de Severiano Giménez Salinas, alias Beto’i, acusado en un hecho de homicidio ocurrido en la localidad de Toro Pampa, perteneciente a este distrito, por el cual el tribunal de sentencia lo condenó a 24 años de pena privativa de libertad.

En otro caso de coacción sexual, ocurrido en Puerto Guaraní, el acusado Julio César Barreto fue condenado a siete años de encierro.

La profesional dijo que ambas condenas son meritorias, a pesar de todas las vicisitudes y falencias con que tropieza el Ministerio Público a la hora de tener que trasladarse hasta la localidad de Puerto Casado, distante unos 200 km, debido a que no se cuenta con medios de transporte desde el mes de marzo.

El esfuerzo es mayor atendiendo que, por lo general, no tenemos forma de llevar a los testigos conociendo que la mayoría son personas de escasos recursos económicos y no pueden costear los gastos que demanda el trasladarse a la sede de la audiencia.

Precisamente por esta circunstancia, en reiteradas ocasiones tuvieron que posponerse los juicios.

“Tenemos que pedir ayuda a particulares para que lleven a los testigos, a fin de asegurar el resultado de nuestros trabajos, pero no es la forma en que tenemos que trabajar”, lamentó la fiscala.