El pasado septiembre la Audiencia Nacional española había denegado la entrega al considerar que Estados Unidos la pedía “por una motivación política”, dada su condición de antiguo jefe de la contrainteligencia venezolana, y reprochó a ese país que no había concretado los cargos que le imputaba. La Fiscalía recurrió esta primera decisión y el pleno de la Audiencia decidió hoy aceptar la extradición, informaron a Efe fuentes judiciales.

Carvajal, de 59 años, fue detenido en España el pasado 12 de abril en virtud de una orden de arresto de Estados Unidos, que le reclamaba por haber querido “inundar ” ese país con toneladas de cocaína, que introducía supuestamente en su territorio con ayuda en ocasiones de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Audiencia Nacional celebró una vista el 12 de septiembre en la que Carvajal alegó que la petición de Estados Unidos carecía de fundamento y respondía a motivaciones políticas puesto que, según dijo en su momento su abogada, lo único que pretendía ese país era sacarle información sobre el gobierno de Chávez. “Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, enfatizó ante el tribunal español.

Carvajal, que se declara ahora seguidor del opositor Juan Guaidó (reconocido por muchos países como presidente encargado de Venezuela) , se sintió perseguido tanto en Estados Unidos como en Venezuela por el presidente Maduro: “Lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz” , aseguró. Tras la vista, la Audiencia Nacional rechazó la extradición porque Estados Unidos solo se basaba en una declaración jurada de un miembro de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) que achacaba a Carvajal “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos”.

El tribunal español veía también motivaciones políticas en la petición de entrega, “dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela” . Estados Unidos le atribuye delitos de “narcoterrorismo” por ser parte de una “estrategia dirigida desde la Presidencia de la República” de Venezuela, con la cooperación de las FARC, para introducir en Estados Unidos “grandes cantidades de cocaína".