“No hay un golpe de Estado en Bolivia, hay una reposición constitucional”, afirmó Áñez en una rueda de prensa en el Palacio Quemado, la casa de gobierno, al día siguiente de asumir el poder. La dirigente reiteró que convocará a elecciones “en el plazo más breve posible”.

“El único golpista de este país ha sido Evo Morales”, dijo Áñez, aludiendo a que el exmandatario izquierdista indígena desconoció el veredicto popular en un referendo que se opuso a la reelección indefinida en 2016 y en los comicios del 20 de octubre, en los que ganó una polémica reelección, que la oposición atribuyó a un “fraude”, lo cual desató las multitudinarias y violentas protestas que condujeron a su renuncia.

“No aceptaré ninguna salida que no sean unas elecciones democráticas”, afirmó la presidenta derechista, quien era segunda vicepresidenta del Senado al momento de tomar las riendas del país el martes.

Su asunción se dio dos días después de la dimisión de Morales, quien había permanecido casi 14 años en el poder.

La abogada, de 52 años, asumió el poder en una controvertida sesión legislativa, sin quórum reglamentario, llenando el vacío de poder creado con las renuncias de Morales y de los demás funcionarios en la línea sucesoria.

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Su proclamación fue avalada por el Tribunal Constitucional, mientras que los jefes militares y policiales le declararon su lealtad.

Una de sus primeras acciones este miércoles fue designar una nueva cúpula militar, de cinco oficiales, nombrando como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al general Sergio Carlos Orellana, del Ejército.

El “Estado nos necesita más que nunca para mantener la paz”, dijo Orellana en un discurso, en el que pidió a los seguidores de Morales que “depongan sus actitudes intransigentes”.

La mandataria también nombró un nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, así como nuevos comandantes en jefe del Ejército, de la Armada (marina de guerra) y de la Fuerza Aérea.

Áñez elogió “la disposición democrática de las Fuerzas Armadas y la Policía” , que abandonaron a Morales, lo que precipitó su renuncia horas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) divulgara un lapidario informe de la misión de auditoría electoral, que recomendó anular los comicios y convocar a unos nuevos.