“Estamos preocupados por los acontecimientos. Es importante volver a llamar a todos los actores a que den una oportunidad al diálogo, incluyendo el ejercicio de contención tanto en actos como en palabras”, dijo a los periodistas Stéphane Dujarric, el portavoz del jefe de la organización, António Guterres.

Dujarric destacó los fallecimientos de ciudadanos “cuando trataban de expresarse” que se han registrado en el país y subrayó que “ninguna muerte de manifestantes civiles es aceptable”.

“Es muy importante que se permita a las personas manifestarse y que el Gobierno muestre contención. Y que cuando hay violencia y hay muertes, haya rendición de cuentas”, añadió.

El portavoz, mientras, no quiso pronunciarse sobre el decreto aprobado por el Gobierno transitorio de Bolivia para eximir de responsabilidad penal a policías y militares cuando actúen en condiciones de necesidad y bajo legítima defensa.

Esa medida ha sido criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, que advierten de que puede estimular la represión violenta de las protestas.

Mientras tanto, la ONU continúa tratando de asistir en la búsqueda de una salida a la crisis en Bolivia a través del enviado nombrado por Guterres, el francés Jean Arnault, que se encuentra en La Paz desde el pasado día 15.

Según dijo este martes Dujarric, Arnault está manteniendo contactos con actores políticos y sociales con el fin de subrayar la necesidad de que termine la violencia y se protejan los derechos humanos y para apoyar una salida “pacífica a la crisis” con unas “elecciones libres, creíbles e incluyentes”.

Según datos de la CIDH, 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia, en las que Evo Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.

Posteriormente, el 10 de noviembre, un informe de los expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos advirtió de irregularidades “muy graves” en las elecciones.

En ese contexto, el 11 de noviembre, Morales abandonó Bolivia después de que las Fuerzas Armadas le forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México.

La renuncia de Morales ha sido calificada de “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países han reconocido el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.