“Claro que puede entrar”, dijo el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, pero “tendrá que responder a esos procesos”.

El Ejecutivo provisional de Áñez denunció a Morales ante la Fiscalía por delitos como terrorismo, cuyas penas en Bolivia van de 15 a 20 años de prisión, y sedición, que está penada con 1 a 3 años de cárcel, acusándolo de promover la violencia en Bolivia desde su asilo en México.

“El expresidente puede volver al país”, según declaró el ministro a los medios en La Paz, “no tiene ningún inconveniente, no se le puede prohibir a un boliviano que entre”, solo a extranjeros en determinadas circunstancias.

Las declaraciones del titular de Presidencia llegan después de que este sábado el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, presentara un proyecto de ley para dotar de inmunidad al que fuera presidente de Bolivia por casi 14 años.

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El proyecto está en el orden del día de este domingo en la Cámara de Diputados, después de que el sábado su debate quedara aplazado en la de Senadores, y el MAS tiene mayoría en ambas.

Tras conocerse la propuesta del partido de Morales, esta pasada noche fue presentada otra alternativa en una mesa diálogo convocada por el Ejecutivo provisional con una serie de organizaciones sociales.

El texto en detalle aún no ha trascendido, solo que genéricamente pretende reforzar las garantías de los derechos fundamentales que consagra la Constitución del país, pero sin prever una amnistía para procesados ni citar expresamente la inmunidad para Morales como plantea su partido.

Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de un fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

El pasado 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Evo Morales anunció su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir hacia México, donde está asilado.

La renuncia es calificada de “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.

Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, que asumió el poder el pasado 12 de noviembre, y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.