“Luego de la querella por delitos de sedición y terrorismo (que tramita la fiscalía boliviana), en los próximos días se presentará otra demanda, por crímenes de lesa humanidad en La Haya”, dijo Arturo Murillo, ministro de Gobierno (Interior), a la radio oficial Patria Nueva.

Morales, que dimitió el 10 de noviembre tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y en medio de una convulsión social, es investigado respecto de un audio en el que una voz -que el gobierno asegura es del exmandatario- llama a cercar las ciudades y cortar el suministro de combustible y alimentos.

El exmandatario, que gobernó el país durante casi 14 años, “debe responder ante la justicia por lo que ha hecho y está haciendo, además de sus cómplices que tienen participación en los luctuosos hechos que vivieron los bolivianos”, agregó Murillo.

Bolivia se vio sacudida por violentas manifestaciones que dejaron al menos 33 muertos tras las elecciones del 20 de octubre que dieron como ganador a Morales pero que luego fueron anuladas por las “graves” irregularidades que reportó una misión de la OEA.

El propio Morales, ahora asilado en México, había denunciado el miércoles que Interpol lo estaba buscando en América del Sur “por delitos que no existen”.

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El fiscal de La Paz, William Alave, confirmó luego que Interpol “ha activado esta notificación azul, lo que significa que esta persona está siendo investigada”, pero el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, lo desmintió.

Mientras, el ministro Murillo se hizo eco de protestas públicas de sectores de derecha sobre la presencia en el país de un grupo de activistas de derechos humanos que llegó el jueves encabezado por el argentino Juan Grabois, referente de los movimientos sociales de su país.

“Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando (...) a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado”, dijo Murillo.

“Los estamos mirando, los estamos siguiendo”, advirtió. “No hay tolerancia con el terrorismo, con la sedición ni con movimientos armados. Cero tolerancia”.

Por su parte, la delegación argentina tuiteó: “Mientras el gobierno de facto nos acusa de terroristas, hemos comenzado lo que vinimos a hacer: tomar testimonio de las diferentes violaciones a los Derechos Humanos que está sufriendo el pueblo boliviano”.