La revista Semana publicó el fin de semana indicios y testimonios que presuntamente comprometen a efectivos del ejército en la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.

Acompañado del alto mando militar, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, expresó el rechazo del gobierno “a cualquier tipo de persecución, seguimientos o interceptación ilegal en el país”.

“Solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo (periodístico) que es hoy de conocimiento público”, declaró el funcionario en rueda de prensa.

Según Semana, uno de los militares involucrados en el escándalo le dijo bajo reserva que recibió la orden de entregar la información recolectada sobre una magistrada a “un reconocido político del Centro Democrático”, el partido en el poder que lidera el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El ministro garantizó “transparencia” en el manejo y las investigaciones que promueve sobre el presunto caso de espionaje.

“De hallarse que sí hubo irregularidades, el gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar”, enfatizó Trujillo.

Entre las víctimas de las interceptaciones estarían jueces de la Corte Suprema, congresistas de distintos partidos, gobernadores y reporteros de Semana que el año pasado recibieron amenazas.

El senador de oposición Roy Barreras, uno de los blancos de las escuchas, desmintió lo dicho este lunes por el gobierno.

“Señor Ministro: El Gobierno, el propio Presidente Duque y la @FiscaliaCol YA CONOCÍAN de estos seguimientos ilegales”, escribió en su cuenta de Twitter.

Barreras agregó que personalmente denunció “estos hechos” al mandatario en julio de 2019 y llevó la denuncia a la fiscalía en agosto. Asimismo, cuestionó que el responsable de Defensa sostenga que solo supo de las escuchas ilegales cuando leyeron la investigación periodística.

Y recordó que en su momento el gobierno también quiso ocultar la muerte, en un bombardeo militar, de ocho menores reclutados por guerrilleros disidentes de las disueltas FARC, que firmaron la paz en 2016.

Barreros dio a conocer esas muertes en un debate contra el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero, lo que precipitó su renuncia antes de ser sometido a una moción de censura en el Congreso.

No es la primera vez que las autoridades de Colombia afrontan señalamientos por seguimientos o interceptaciones ilegales.

El extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que dependía de la presidencia, se vio envuelto bajo el gobierno de Uribe en un escándalo por escuchas ilegales a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas.