“Se ha abierto un nuevo caso en contra de las exautoridades en relación al fraude electoral”, dijo Lanchipa a periodistas.
El exgobernante y candidato presidencial Carlos Mesa solicitó la semana pasada que la fiscalía amplíe las investigaciones por delitos electorales a Morales, su exvicepresidente Álvaro García y sus exministros Juan Ramón Quintana (Presidencia), Héctor Arce (Justicia) y Carlos Romero (Gobierno).
Mesa considera que “quedó inconclusa” la investigación contra seis miembros del antiguo Tribunal Supremo Electoral (TSE), cinco de los cuales están en la cárcel y uno con detención domiciliaria, porque “no tomó en consideración a los autores intelectuales del hecho”.
Los delitos denunciados por Mesa son uso de documento falsificado y alteración y obstaculización de procesos electorales, además de ocultación de resultados.
El juicio busca que “nunca más un presidente del Estado, abusando de su poder, se burle del voto del pueblo”, explicó el abogado de Mesa, Carlos Alarcón. “Es un hecho de justicia, pues, resultaba inadmisible que solamente estuvieran enjuiciados penalmente los seis vocales electorales cuando éstos no han actuado en este fraude en beneficio propio. Lo han hecho en beneficio del expresidente Morales y de su cúpula de gobierno”.
La justicia investiga también a Morales por los delitos de sedición y terrorismo.
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Morales, que renunció al cargo en noviembre pasado por las acusaciones de fraude y tras perder el apoyo de las fuerzas militares, está a la espera de que el actual TSE defina la validez de su postulación al Senado en los comicios de mayo, en medio de protestas de sectores de derecha que exigen su inhabilitación.
Los adversarios de Morales quieren hacer prevalecer una norma constitucional que exige un mínimo de dos años de residencia en el país inmediatamente anterior al acto electoral, que impediría a Morales aspirar a un escaño.
Desde noviembre de 2019, el expresidente se encuentra fuera de Bolivia, primero como asilado en México y ahora en Argentina en carácter de refugiado.