"Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad", afirmó Duque a través de su cuenta de Twitter.

En la edición que empezó a circular el viernes, la revista Semana destapó una trama de espionaje contra unos 130 periodistas, políticos, militares retirados, sindicalistas e incluso exfuncionarios de la Presidencia por parte de la inteligencia militar.

Las actividades, sin un fin identificado, se habrían realizado entre febrero y diciembre de 2019, dijo el medio, que apoyó su investigación en testimonios de fuentes militares bajo reserva.

“Por medio de herramientas informáticas y de software realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar”, afirma el artículo.

Entre las personas que eran blanco de trabajos de inteligencia figuran el corresponsal del diario estadounidense The New York Times, Nicholas Casey, quien en mayo de 2019 publicó un informe que alertaba sobre el riesgo de ejecuciones de civiles a manos de militares; y el director ejecutivo de la división de Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Según Semana, algunas de las unidades militares involucradas recibían ayudas económicas de una agencia estadounidense, aunque esos "recursos terminaron utilizados para adquirir las herramientas para espiar las actividades de ciudadanos estadounidenses, en particular periodistas".

"He dicho, desde inicio de mi Gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley", escribió Duque, y pidió a su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que realice una "rigurosa investigación" sobre las labores de inteligencia de los últimos diez años.

Anticipándose al escándalo, el gobierno anunció el viernes la salida de una docena de oficiales, incluido un general, por escuchas ilegales a periodistas, políticos y jueces.

Los uniformados fueron dados de baja por el “empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar”, tras una publicación de Semana a comienzos de este año que sacó a luz la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.