Una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de febrero, que inhabilita a Evo Morales por cumplir con el requisito de residencia mínima de dos años en el país, ha sido puesta en suspenso por una acción de amparo constitucional, que sus abogados han interpuesto y que debe dirimir un tribunal de La Paz.
El ente electoral “es respetuoso del Estado de derecho, del agotamiento de todas las vías que las organizaciones políticas o los candidatos que han sido inhabilitados consideren que son adecuadas a sus intereses”, aseveró este miércoles el presidente de ese organismo, Salvador Romero.
La causa está instalada en una corte en la que sus integrantes tuvieron votos divididos sobre la habilitación de la candidatura y que ahora debe dirimir un otro juez en los siguientes días.
La mayor parte de las críticas de los detractores del expresidente van contra el juez René Delgado, a quien se señala de ser favorable al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales.
”Le voy a iniciar una acción por el delito de prevaricato”, dijo a los medios la senadora Carmen Eva Gonzales, de la alianza Unidad Demócrata que apoya al Gobierno de transición de la presidenta interina, Jeanine Áñez.
Durante la audiencia que se prolongó hasta anoche, Delgado supuestamente “se portó como un juez inquisidor” ante la explicación de los representantes del órgano electoral y fue “complaciente y permisivo” con los abogados de Morales, dijo a Efe el jurista Williams Bascopé, que participó en la sala.
”Ustedes están manejando la Fiscalía y a los jueces”, recriminó el diputado del MAS Edgar Montaño a quienes insinúan de que los magistrados que ven el caso son favorables al exmandatario y a su partido.
LOS ARGUMENTOS DE MORALES
A juicio de Sebastián Michel, uno de los voceros del MAS, la acción judicial es “constitucional” y tiene la función de “reclamar un derecho” que posee Evo Morales.
Michel dijo a Efe que Morales tiene “un refugio temporal (en Argentina) porque en su país no encuentra garantías constitucionales y tiene riesgos de perder la libertad o la vida”, por lo que no debiera aplicarse el requisito de residencia que establecen las leyes del país para habilitar una candidatura.
La representación legal de Morales citó dos casos anteriores por los que instancias internacionales señalaron que el requisito de residencia va contra los derechos políticos de los candidatos, aunque fue el partido del expresidente el que pidió la inhabilitación en esas dos ocasiones.
Al respecto, el presidente del organismo electoral precisó que aunque se espera que la Justicia emita su pronunciamiento final, la resolución que en febrero pasado inhabilitó la candidatura a Morales estuvo “apegada a lo que dispones la Constitución y las leyes”.
El expresidente siempre votaba en una región del trópico de Cochabamba, en la que inició su carrera política como diputado en 1997, pero desde noviembre del año pasado está fuera de Bolivia.
El 10 de ese mes anunció su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo en medio de presiones de mandos policiales y militares, entre otras, y al día siguiente salió hacia México, aunque luego viajó a Argentina en diciembre, donde permanece tras pedir refugio.
Tras la salida de Morales del país, el Gobierno interino de Bolivia impulsó procesos penales en su contra por delitos de genocidio, terrorismo, fraude electoral y estupro, entre otros, por los que la Fiscalía emanó varias órdenes de aprehensión. Las elecciones generales en Bolivia están previstas el próximo 18 de octubre, tras dos aplazamientos por la pandemia del COVID-19.