Desde que en diciembre pasado el peronista Alberto Fernández llegó al poder, tras ganar las elecciones con la ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, hasta ahora no se habían visto desavenencias tan marcadas entre las principales alas del gobernante Frente de Todos, al menos de forma pública.

Esta semana, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; la exembajadora en Venezuela y Reino Unido Alicia Castro y el dirigente social Luis D’Elía salieron a la palestra a mostrar su rechazo a que la Cancillería, comandada por Felipe Solá, decidiera votar a favor del informe, el martes pasado, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

Ese estudio, presentado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunciaba entre otros asuntos el “alto número” de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de “operaciones de seguridad” y obstrucciones a los partidos opositores en los preparativos para las elecciones legislativas que Venezuela celebrará el 6 de diciembre.

“ESTOY AVERGONZADA DEL CANCILLER”

“Yo les quiero pedir perdón, estoy avergonzada del canciller, es un tipo que no sabe dónde está parado ni qué es lo que está representando”, expresó el miércoles De Bonafini, de 91 años y férrea defensora de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), que tuvieron una estrecha relación con el exmandatario venezolano Hugo Chávez, sustituido tras su muerte por Nicolás Maduro.

Poco antes, y decepcionada por el “lamentable giro” que a su juicio da la política exterior de Argentina, Castro renunció a ser embajadora en Rusia, puesto para el que había sido propuesta por el Gobierno pero cuyo nombramiento aún no había sido aprobado por el Senado.

Para la exembajadora, que en su carta de renuncia remarcó que el kirchnerismo aportó “la mayoría de los votos” en las últimas elecciones, avalar el informe de Bachelet es posicionarse con el Grupo de Lima, alianza de Gobiernos de centro derecha que desconoce el régimen chavista, a la que se adhirió el Ejecutivo de Mauricio Macri (2015-2019) y que el de Fernández sigue integrando, pero reconociendo a Maduro como presidente y condenando cualquier tipo de intervención o bloqueo hacia Venezuela.

A esto se suman las expresiones de D’Elía, subsecretario de Tierras para el Hábitat Social durante el Gobierno de Kirchner, que anheló una llamada de Fernández a Maduro para “ordenar las cosas” y llamó a “respaldar mucho a Cristina”, a quien diversos sectores opositores definen como la verdadera dueña del poder.

ACABAR COMO VENEZUELA

En declaraciones a Efe, Anabella Busso, profesora de política internacional de la Universidad Nacional de Rosario, hace hincapié en que en Argentina el tema de Venezuela está “excesivamente politizado” dentro de la política local y hay una “sobreactuación” sobre lo que cada sector político piensa al respecto.

Por un lado, ve que la formación gobernante, compuesta de varias facciones del peronismo pero también por otros grupos de izquierda, tiene que hacer “un gran esfuerzo” en constituirse en una coalición de Gobierno, lo que implica avanzar en posturas comunes en temas complejos como este.

Y por otro, considera que la oposición instala “permanentemente” como criterio de “mención ideológica de hacia dónde va el Gobierno” cada cosa que el Ejecutivo dice respecto a Venezuela.

En Argentina, que está sumergida en una profunda recesión desde hace más de dos años, se hizo habitual el discurso, ya durante el macrismo, de que un eventual retorno de Cristina Fernández al poder implicaría acabar como Venezuela, en referencia a su dilatada crisis económica, política y social.

MÁS UNIDOS QUE NUNCA

Pero las voces kirchneristas que se posicionaron contra la decisión de la Cancillería no fueron las únicas. El dirigente social Juan Grabois, que apoyó la llegada de los Fernández al poder, también criticó lo sucedido.

“Me preocupa la política exterior argentina cada vez más alineada con (el presidente de EE.UU., Donald) Trump y el Grupo de Lima. No es solo cuestión de principios. Es malo para el interés nacional. Con Macri, Menem y las relaciones carnales aprendimos que Roma no paga traidores”, expresó en Twitter el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, conocido como amigo del papa Francisco por su cercanía con él cuando era arzobispo de Buenos Aires.

En medio de la preocupación por la situación económica y la pandemia del coronavirus, que ya deja en el país casi 23.000 muertes, el presidente Fernández, cuyas apariciones públicas y entrevistas en medios de comunicación son constantes, no se ha manifestado en toda la semana acerca de la polémica por Venezuela.

Solo este viernes, en un acto de entrega de viviendas sociales lanzó una sugerente frase en favor de la unidad.

“Que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen, que no nos hagan perder el tiempo en divisiones que no necesitamos, más unidos que nunca recobremos el trabajo para que todos los argentinos que están sumidos en el pozo de la pobreza salgan de ahí cuanto antes”, aseveró el mandatario.

¿UN GIRO EN LA POLÍTICA EXTERIOR?

En rigor, esta última controversia por Venezuela se remonta a finales de septiembre, cuando el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, denunció el “asedio” contra el Gobierno de Maduro y criticó que haya una “interpretación sesgada” de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países.

Esto llevó a la Cancillería a lanzar un comunicado que subrayaba que la posición argentina sigue siendo apoyar la necesidad de que se “restablezcan plenamente las instituciones democráticas” en Venezuela y mostraba “gran preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos” que se reportan en el informe de Bachelet y en el de expertos independientes.

Para diversos analistas, el Gobierno de Fernández mueve los hilos de su política exterior mirando de reojo a Estados Unidos, por la influencia que tiene ese país -uno de los principales detractores del chavismo- en el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina negocia el pago de un millonario préstamo.

Para Busso, que también es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el actual no es un contexto en el que Argentina se pueda “dar el gusto” de ideologizar 100 % su política exterior, aunque no cree que el país avalara el informe de Bachelet “exclusivamente” por supuestas presiones del FMI o de EE.UU.

Y es que para ella la decisión no supone “un cambio de opinión tan drástico” respecto a lo que venía promulgando Alberto Fernández sobre el país caribeño, ya que sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente y condenando las sanciones internacionales contra su Gobierno.