Fernández precisó que el objetivo es garantizar “que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral”, para lo cual girará la iniciativa del derecho a la ILE, y otro proyecto de ley que crea “el seguro de los 1.000 días, con el objeto de fortalecer la atención integral durante el embarazo y de los hijos e hijas en los primeros años de vida”.

El anuncio produjo escenas de alborozo y festejos en una manifestación de miles de activistas progubernamentales que rodean al Congreso en apoyo al debate para aprobar un impuesto extraordinario a las 9.300 grandes fortunas del país para subsidiar el sistema de salud, entre otros propósitos, en medio de la pandemia de covid-19 que ha causado más de 35.000 muertos y más de 1,3 millones de infectados.

En Argentina el aborto solo está permitido en caso de violación o peligro para la vida de la mujer, legislación que rige desde la década de 1920.

La primera vez que el Congreso argentino pudo tratar una ley para la ILE fue en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), cuando la cámara de Diputados la aprobó pero el Senado la rechazó.

Fernández dijo que el envío de la iniciativa significa “cumplir con un compromiso” de la campaña electoral.

Estimaciones serias calculan que habría entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año en Argentina, dijo en una reciente entrevista la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Bajo el lema “Es urgente. Aborto legal 2020”, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acababa de llamar a “saturar las redes, intervenir en las calles, mostrar nuestros pañuelos en todas partes, pintar de verde (color identitario) la Argentina las próximas semanas con intervenciones artísticas de impacto”.